El Juzgado de lo Social número 8 de Madrid ha dado la razón a CCOO y ha declarado que la Administración General del Estado ha vulnerado el derecho fundamental a la negociación colectiva del personal laboral destinado en el exterior, en particular a lo relativo a la revisión de sus salarios.
El juez concluye que ese derecho se ha vulnerado "al no haberse procedido a la revisión anual de los salarios durante los últimos diez años" o, en todo caso, al no haberse negociado "la racionalización por países y zonas geográficas" de dichas retribuciones, tomando como base "la evolución de los precios al consumo y la variación del cambio en la moneda local respecto de la divisa de situación", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El personal laboral en el exterior asciende a unas 4.900 personas, de las que unas 3.100 dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, según datos que el Gobierno facilitó al Congreso en enero de 2019.
CCOO interpuso una demanda en abril de 2018 ante lo que consideró "desidia y falta de voluntad política" por atender las reivindicaciones de los trabajadores. A su juicio, se estaba vaciando de contenido la negociación colectiva con el personal laboral en el exterior, y de forma "especialmente severa" por el hecho de que no ha aplicado a este colectivo "las subidas salariales decretadas en las administraciones públicas".
"Ello vulnera el mandato establecido año tras año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como los términos del acuerdo administración-sindicatos de diciembre de 1990", subraya el sindicato.
Según CCOO, el proceso judicial "se ha demorado debido a las diferentes maniobras de la Administración para dilatar el proceso", pero ahorsa es un "segundo varapalo judicial contra la política discriminatoria" respecto del personal laboral en el exterior en lo que va del año.
El motivo es que hay también un fallo del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número, que ha declarado que la exclusión del personal laboral que presta sus servicios en el exterior de los procesos selectivos para ingreso o acceso a cuerpos de la Administración General del Estado (Resolución de 14 de junio del Ministerio de Política Territorial y Función Pública) no es ajustado a Derecho por vulnerar la negociación colectiva.
Ahora, ha explicado CCOO en un comunicado, corresponde a los sindicatos "forzar ahora a la administración a volver a la mesa de negociación", con el respaldo de ambos fallos "para intentar pactar tanto una solución a la exclusión del personal laboral en el exterior de los procesos de funcionarización por promoción interna, como una verdadera actualización de las retribuciones".
La demanda de CCOO se dirigía contra los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y Función Pública, de Empleo y Seguridad Social, de Educación, Cultura y Deporte; de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de Defensa, de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía, Industria y Competitividad, de Fomento y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
