Aquel mismo día el Estado español presentó una moción para aplazar hasta el próximo 26 de enero su respuesta al voluminoso informe de Odyssey.
El memorando, de no más de 30 páginas, articularía la respuesta del Gobierno español a la oposición de Odyssey para que se desestime el caso en los tribunales.
La compañía estadounidense remitió el 17 de noviembre un informe en el que contradijo los argumentos presentados el pasado 22 de septiembre por el Estado español acerca de la procedencia del tesoro valorado en unos 500 millones de dólares (388,15 millones de euros). El tesoro fue enviado por vía aérea desde Gibraltar hasta Estados Unidos en el mes de mayo de 2006.
Para Odyssey, la postura de contrarréplica de España sólo busca "inundar el tribunal con más controversia, cosa que de ninguna manera garantizaría un fallo inmediato o la desestimación" del caso.
La compañía señaló en su petición ante el tribunal de Tampa que el derecho a contrarréplica de España sólo tendría sentido si Odyssey hubiera aportado "nuevas o novedosas teorías legales", pero no es ese el caso, destacó.
Entre las razones esgrimidas por el Gobierno español para responder a las tesis de la empresa figuran el "volumen del informe -unas mil páginas-, la naturaleza y el contenido de los materiales que Odyssey presentó en oposición" a su moción.
Odyssey, por su parte, pide ahora que, en el caso de que el tribunal admita la moción de España, debería presentar su memorando en un plazo de 20 días y no exceder de diez páginas.
Asimismo, solicita al tribunal la misma consideración que se le dispense a España, si es aceptada su moción.
La compañía de exploración submarina reiteró su convencimiento de que los tribunales de EE.UU. tienen jurisdicción sobre el caso, codificado con el nombre de "Cisne negro", y que son éstos los que deben "determinar los derechos de todas las partes involucradas" en el litigio.
"Con las diversas aseveraciones legales presentadas en el caso", tanto por España y Perú como por los reclamantes particulares, "creemos que los asuntos en disputa deberían imposibilitar la desestimación" del caso en los tribunales, indicó a Efe Melinda MacConnel, vicepresidenta de Odyssey.
España reclama que el tesoro de 17 toneladas en monedas de plata y oro, cuyo hallazgo anunció en mayo de 2007 la empresa estadounidense, está bajo la inmunidad soberana española y debe por lo tanto retornar a su custodia.
Odyssey, pese a que deja una puerta abierta para resolver de forma amigable este contencioso legal con España, se reafirma en su postura de que el tesoro y el yacimiento arqueológico descubierto no está bajo protección de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera.
"No hay pruebas suficientes para concluir que la nave (de la que procede el tesoro) es 'La Mercedes'" y, aún, en el supuesto caso de que lo fuese, ésta se hallaba "comprometida en una misión comercial en el momento de su desaparición", según Odyssey.
Por ello, destaca el informe de Odyssey, "no debe considerarse" un barco protegido por el principio de inmunidad soberana y la "moción de España para que se deseche el caso debe ser denegada".
Según las autoridades españolas, el barco del que Odyssey extrajo el tesoro es la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que pertenece a la Armada Española y se hundió en 1804, tras entrar en combate con una fragata británica en aguas del Atlántico.
España sostiene que las pruebas son "abundantes y definitivas" y confirman la identidad de "La Mercedes", por lo que el cargamento y todos los objetos extraídos deben retornar a manos del Gobierno español.
