En un nuevo capítulo de esta contienda, el Pleno de la Sala de lo Penal celebró ayer a las 14.15 horas una reunión en la que, entre otros asuntos, debía decidir acerca de una petición del fiscal Zaragoza reclamando a este órgano que “con la máxima celeridad” declarase la nulidad del auto en el que Garzón se atribuye la competencia.
En el escrito, presentado el mismo día en que recurrió la competencia de Garzón, Zaragoza pide al Pleno que “resuelva con la máxima celeridad y rapidez el conflicto competencial que se plantea” en previsión de que “se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al tribunal superior competente”.
El fiscal se anticipaba así a la decisión que ayer adoptó Garzón en un nuevo auto, rechazando tramitar el recurso de apelación de la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, por estimar que debía resolverlo antes él en reforma.
La solicitud de Zaragoza se basa en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que “si durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior”.
La invocación de este precepto ha resultado una novedad, según fuentes consultadas en la Audiencia Nacional, que consideran que “puede ser” la primera vez que el Pleno debate una cuestión como ésta.
Esto, opinan, puede dar lugar a interpretaciones, como que el “tribunal superior” para decidir sobre si Garzón es competente sea el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal.
Por ello, en el Pleno celebrado ayer, los 16 magistrados reunidos han decidido dar traslado del escrito de Zaragoza a las partes (asociaciones denunciantes y Garzón) para que expongan su opinión al respecto. Una vez recabados estos informes, el Pleno volverá a reunirse en un plazo de unos veinte días para decidir si le corresponde resolver sobre la principal petición del fiscal, que se anule el auto de Garzón.
Este primer paso del Pleno hacia la resolución de si Garzón es competente o no para investigar las desapariciones en la guerra y la posguerra, coincide con un nuevo auto del juez en el que rechaza la petición del fiscal de tramitar ante la Sala de lo Penal el recurso que interpuso contra la resolución en la que el magistrado se declaraba competente.
Garzón dice que adopta esta decisión “para no originar indefensión” y da al fiscal un plazo de tres días para que presente un recurso de reforma ante él.
El pasado día 20, la Fiscalía recurrió en apelación la competencia de Garzón al considerar que su pretensión “aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución”.
Pese a que Garzón transformó de diligencias previas a sumario la investigación para obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y así disponer de más tiempo para comenzar a practicar las 19 exhumaciones acordadas, el ministerio público recurrió en apelación para que el recurso se resuelva “con la rapidez y celeridad exigibles” y “sin incidencias que dilaten” su decisión.
Ahora Garzón replica al fiscal que al haber transformado esta causa en sumario, el recurso del fiscal debe ser respondido primero por él, porque “el sumario es el procedimiento en el que se conceden las mayores garantías a las partes y en él se basa la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
UGT solicita participar en el proceso como acusación particular
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, presentará hoy al juez Garzón un escrito solicitando la personación del sindicato como acusación particular en la causa en la que se investigan las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
En una nota de prensa, la central informa de que Méndez acudirá a la sede del tribunal acompañado por el secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, y por la presidenta de la Fundación Francisco Largo Caballero, Blanca Uruñuela.
Garzón acordó el pasado día 16 declararse competente para investigar los hechos al estimar que se trata de un delito de detención ilegal, sin dar razón de paradero, que encaja en el contexto de crímenes contra la Humanidad. En el auto en el que admitía a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autorizaba exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas, la del poeta Federico García Lorca.
Comienza la demolición de la cárcel de Carabanchel
La cárcel de Carabanchel ha comenzado ya a ser derruida. Según Instituciones Penitenciarias, las tareas de derribo de la vieja cárcel de Carabanchel las está llevando a cabo la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que es la que posee la correspondiente licencia municipal. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene la intención de ubicar en los terrenos de la antigua cárcel un espacio para la memoria democrática penitenciaria. Prisiones ordenó un informe a un equipo de técnicos para comprobar si se podía mantener una parte de la cárcel, en particular su cúpula, tal y como solicitaban los vecinos, pero en el mismo se apuntaba que la “solución más oportuna”, desde los puntos de vista técnico, económico y de seguridad, era la “demolición controlada” de todas las instalaciones que componen la cárcel.
