La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) solicita a las administraciones implicadas agilidad y simplificación en la tramitación de las ayudas directas del Estado a las empresas; ya que por un lado queda por definir, a través de una Orden del Ministerio de Hacienda, la distribución de los recursos entre las comunidades autónomas; y por otro, los recursos serán transferidos a las mismas en un plazo aproximado de 40 días.
Pero son ellas, subrayan en un comunicado, las que tienen por delante especificar determinados detalles de las ayudas, ya que el Real Decreto deja determinadas cuestiones sin definir (por ejemplo cómo se tratará a las compañías que facturan por módulos) y otras que directamente encomiendan a cada autonomía.
Es por ello que la Xunta de Galicia debería ponerse cuanto antes, destaca la nota, a la definición de los criterios y bases de las ayudas y sus correspondientes convocatorias, para acelerar el flujo de recursos a las empresas, debiéndose tomar como base las de los dos planes de rescate aprobados recientemente en Galicia.
La prioridad, ahondan, es simplificar la tramitación a las empresas y a sus gestores que volverán a sufrir una avalancha de trabajo; no incorporar obligaciones o requisitos que limiten el acceso de las empresas más allá de lo que dispone el Real Decreto Ley, que ya exige entre otros el mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022 para los beneficiarios; y agilizar en la medida de lo posible la resolución de las solicitudes.
Aunque la prioridad era afrontar las deudas y obligaciones de las empresas con ayudas directas para llegar operativos a la fase de recuperación económica, la CEG valora las dos medidas que las acompañan; el Fondo de 3.000 millones de euros enfocados a la reestructuración de deuda financiera y las ayudas para recapitalización de pymes que dispondrá de mil millones a través de Cofides.
Así, en cuanto al Fondo, el Ejecutivo ha dejado pendiente de definir las condiciones aplicables, el plazo de solicitud y los requisitos a cumplir que deberá acordar el Consejo de Ministros e incorporar ayudas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia, dentro de un proceso de renegociación acordado entre las entidades financieras y las empresas.
En este sentido, la patronal gallega considera que esta medida plantea una ventaja injustificada de las que hayan solicitado préstamos avalados por el ICO frente a las que no han hecho uso de dicho apoyo del Instituto, solicitando financiación a las entidades financieras; y frente a las que han asumido las pérdidas con recursos propios y que no podrán acceder a ayuda alguna.
Por otro lado, la Confederación de Emesarios de Galicia considera preocupante la limitación por sectores de actividad que establece el Real Decreto Ley, ya que muchas empresas de otros sectores como el industrial, también han sufrido un descenso de actividad y de facturación muy significativo y puede ocurrir que compañías que hayan tenido pérdidas no puedan solicitar ayudas por no pertenecer a los sectores que establece el anexo.
Finalmente, la patronal gallega tilda de positivo el hecho de que el Real Decreto haya incorporado una serie de medidas en materia concursal entre la que se incluye el retraso hasta final de 2021 de la obligación de presentar concurso para las empresas y autónomos en situación de insolvencia, esperando que contribuya a que las empresas viables y en una situación coyunturalmente complicada puedan sobrevivir y remontar una vez que se recupere la actividad.
