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Granada

Juicio sienta en el banquillo a 76 acusados por fraude a la Seguridad Social

Estos hechos serán juzgados a partir del próximo martes 13 de abril en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta

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  • Edificio judicial de La Caleta. -

La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales penas de entre un año y medio y cinco años de prisión, además de cuantiosas multas, para un total de 76 acusados de fraude a la Seguridad Social para la obtención ilícita de prestaciones por desempleo o incapacidades temporales relacionadas con el campo.

Estos hechos serán juzgados a partir del próximo martes 13 de abril en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta por parte de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, que ha fijado ocho sesiones para la vista oral hasta el 28 de abril.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los principales acusados -Antonio M.M. y Primitiva M.M.- actuaron como autorizados de una sociedad mercantil, el primero como socio administrador único, y se pusieron previamente de acuerdo con otros procesados que fingieron ser trabajadores de la empresa.

Con la finalidad todos ellos de obtener un beneficio económico ilícito defraudando al sistema público de prestaciones sociales, mediante la obtención de prestaciones por desempleo, asistenciales y sanitarias de la Seguridad Social, de 2011 a 2013 fueron dados de alta para obtener períodos de cotización que, en realidad, no correspondían a ningún trabajo realizado, pero permitieron más tarde obtener los referidos beneficios sociales.

De acuerdo a la Fiscalía, las supuestas labores agrícolas de recogida de aceituna y almendras se habrían llevado a cabo en la localidad granadina de Diezma a través de un centro de trabajo inexistente llamado "Paraje Plano Llano" y en la finca, esta sí real, "Joyas Viñas", así como en otras colindantes y de distintas propiedades.

Sin embargo, la Fiscalía explica que no se ha demostrado ni que estas fincas fueran propiedad de la sociedad empresarial ni que tuvieran lazos de arrendamiento, cesión o cualquier otra relación con los propietarios de otras de las que dimanara la relación de estas labores.

En realidad, la mercantil, desde que fue constituida el 7 de febrero de 2011 para la explotación agrícola y comercialización de productos de esta naturaleza, carece de fincas de su propiedad y su supuesto domicilio social en Granada corresponde al domicilio de un acusado, añade el Ministerio Público.

Tampoco presentó en el año 2011, cuando suceden parte de los hechos, la declaración por los modelos fiscales 190 (IRPF), 374 (Operaciones con terceros) ni 300 (IVA), por lo que ha carecido, al menos durante el año citado, de actividad económica.

Varios de los acusados obtuvieron prestaciones por incapacidad temporal de la Seguridad Social y otros lograron del Servicio Público Estatal de Empleo prestaciones por desempleo como renta agraria, régimen especial agrario o pensión contributiva agraria de manera indebida.

En todos los supuestos, la permanencia de alta de la mercantil fue elemento esencial para alcanzar el mínimo temporal necesario de alta en el sistema de la Seguridad Social y obtener la prestación.

El total defraudado al Instituto Nacional de la Seguridad Social por incapacidad temporal asciende a 33.599 euros, mientras que en el caso del Servicio Público Estatal de Empleo por prestaciones por desempleo alcanza los 215.093 euros.

La Fiscalía ha considerado que estos hechos constituyen para los primeros dos acusados un delito continuado contra la Seguridad Social agravado, por el que se piden penas de cinco años de prisión, multa de 994.772 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o posibilidad de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años.

Alternativamente, también supone para ellos un delito continuado de estafa agravada, por el que solicitaría 5 años de prisión y multa de 3.240 euros.

Para el resto de acusados pide un año y medio de prisión y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios de la Seguridad Social durante seis años por un delito contra la Seguridad Social, o alternativamente uno de estafa, por el que solicita la misma pena de prisión de un año y seis meses.

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