Libertad para elegir la pública

La elección del centro en el que matricular a una hija o un hijo es una decisión personal que se puede ver influida por varios motivos, el nivel de politización o el compromiso con la escuela pública, la nostalgia de que nuestro hijo estudie en el mismo sitio que nosotros o cuestiones de organización como el que el centro disponga de aula matinal o de comedor. En cualquier caso, como digo es una decisión personal.

Dejando de lado cuestiones interesantes y necesarias que debatir sobre educación, como la inclusión, los modelos educativos actuales o los propios procesos de selección del profesorado quisiera plantear el problema concreto que sufrimos, el que estamos teniendo hoy, en este mismo momento:  Si una familia decide matricular a su hija o hijo en un centro privado sujeto a  financiación pública, lo que viene siendo un centro concertado, tiene casi la total garantía de que lo va a poder hacer y de que es bastante improbable por no decir imposible que ese centro sufra un cierre de líneas. Esto ocurre porque existe un marco legislativo actual que blinda a los centros concertados.

Sin embargo, si el centro elegido es un centro público, la situación es bien distinta ya que la Junta, con Javier Imbroda al frente de Educación, ha comenzado a poner en práctica algo que podríamos llamar “cierres preventivos de líneas”. En base a un estudio subjetivo de las posibles matrículas que recibirá cada centro la Junta cierra línea de manera previa al inicio de la matriculación. Así que a priori los centros públicos ya comienzan el periodo de matriculación en desigualdad con los concertados.

Finalizado el proceso de matriculación se convocan las comisiones de escolarización unas comisiones que se organizan desde la Delegación, en la que acuden representantes de los todos los centros divididos en Cádiz interior y extramuros.Y ahí descubrimos la realidad, hasta  nueve centros – nueve – todos públicos piden a la Delegación la apertura de líneas, aquellas que se habían cerrado antes, por tener suficientes matrículas para llenarlas. Por lo que para empezar ya vemos con datos objetivos y reales (hablamos de matrículas entregadas en los centros) que esos cierres preventivos como mínimo se hacen en base a datos errados. Pero el colmo de todo es que cuando se pregunta cuándo y de qué manera se resolverán estas peticiones y la respuesta es que está en manos del Delegado, en este caso el señor Miguel Andreu y que se resolverán o en Junio o en Septiembre. Por lo tanto, los criterios para decidir si ese alumnado que ha pedido estudiar en un centro público y que no puede hacerlo parecen ser arbitrarios y depender exclusivamente del señor Andreu. Padres y madres se quedarán esperando sin saber dónde estará escolarizado su hijo o hija hasta posiblemente el mes de Septiembre. Frente a la agilidad a la hora de cerrar líneas tenemos a la  Junta jugando  a ofrecer estabilidad en la escuela concertada e inseguridad a la escuela pública.

Como concejala de Enseñanza  acudo a las comisiones de escolarización en representación del Equipo de Gobierno y ante esta toma de decisiones sesgada e absolutamente injusta para la pública no puedo más que denunciarlo y así lo hago. Y es entonces, cuando la escuela concertada, que tiene garantizada la matriculación y por tanto la libre elección de sus familias, aprovecha cualquier declaración para atacarme, atacar a este equipo de gobierno y aparecer como víctima.

Siempre hemos puesto el derecho a la libre elección de centro por delante, nuestro objetivo es defender a la Pública de una situación como digo absolutamente injusta. Por contra, no escuchamos a la concertada apoyar a otros centros públicos, excepto y es justo reconocerlo, al director del colegio de la Mirandilla que apoyó la denuncia del cierre de las líneas del Ceip Gadir, criticó todo cierre de líneas en todos los casos y defendió la bajada de ratio para todos los centros, el Ampa de las Carmelitas también apoyó estas propuestas.

Lo que pedimos no es ni más ni menos lo mismo de lo que ahora disfrutan las familias que eligen la concertada. Y no vale utilizar la justificación de que no hay demanda, porque en este caso sí que la hay, lo que ocurre es que una serie de decisiones evitan que las familias puedan ejercer su derecho a matricular libremente a sus hijos en la pública. No podemos permitir que se generalice lo que  está ocurriendo ya: que haya zonas donde la única opción sea la concertada. En un momento con una fuerte tendencia a bajada de natalidad (otra discusión sería cómo es necesario articular medidas que enfrenten este problema, como facilitar la conciliación o derogar la reforma laboral)  la solución no puede pasar por medidas que solo afecten a la publica y seguir blindando a la concertada. La Educación es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, incapaz de firmar un pacto por la Enseñanza, urge una revisión profunda de nuestro modelo educativo, como ya hicieron en su momento países como Finlandia o hace poco Portugal, que se ha colocado  en la vanguardia educativa.

Mientras tanto y mientras que la sangría contra la  Educación Pública siga, mientras corramos el riesgo de que haya zonas donde las familias no pueda optar por un centro púbico, donde el derecho a elegir no se cumpla, vamos a seguir denunciando, con respeto pero con vehemencia. Desde lo público defendiendo lo público.