Los partidos políticos tienen distintos posicionamientos ideológicos y prácticos, e intentan que se reflejen a nivel presupuestario y a nivel legal. Una vez que esto se consigue, todos deben acatar la ley. En muchas ocasiones, porque no todo es poder legislativo, los encargados de hacer cumplir una ley pertenecen a un partido político que votó en contra de la misma. En la mayoría de los casos asumen su obligación y la cumplen, y presupuestan lo necesario para que se cumpla o, de otro modo, enfrentan consecuencias penales. Como los políticos del Procés. Desobediencia, se llama.
En Andalucía, el PP de Moreno Bonilla desobedece la ley y no pasa nada. De hecho, parte de la judicatura reconoce estar del lado del PP. Eso significa que hay jueces que permiten que un partido se salte la ley porque a esos jueces no les gusta esa ley. Luego podemos llegar más abajo, hasta agentes del orden que también incumplan sus obligaciones al no investigar un delito que debería ser investigado. Tenemos una estructura concitada para desobedecer, anulando así el mandato constitucional que el pueblo ejerce a través de sus representantes, todos ellos dedicados en Andalucía a saltarse la ley de memoria histórica.
Y se acabó. En Andalucía, el trece de noviembre, va a suceder algo histórico. Todas las asociaciones memorialistas de nuestra tierra se van a plantar en una enorme manifestación, delante de Moreno Bonilla, no para exigirle que cambie una ley, sino para exigirle que la cumpla. Los amotinados están dentro de San Telmo, no fuera, y sería bueno pensar una cosa: si el PP andaluz desobedece de modo tan constatable y flagrante una ley que está al alcance de todos, ¿qué no hará en los rincones en los que no miramos? Esto no va de guerras, va de leyes, y leyes que ya han sido aprobadas, así que quienes quieren ganar una batalla perdida son otros. Ojo, que no estamos hablando de una expedición subacuática para rescatar restos en el fondo marino, que estamos hablando de pararse al lado de la carretera para identificar y dar una sepultura normal a otros españoles y españolas que han muerto. Concretamente, asesinados. Que nadie está diciendo, porque no se puede por ley, que se investigue quién los mató. Bueno, pues ni eso quieren obedecer. Y, ojo, que no estamos hablando solo de delitos de sangre durante la guerra, que hablamos de bebés robados a sus madres después de la guerra. ¿Investigar eso, para Moreno Bonilla, también es intentar revivir los horrores del pasado? Cómo se nota que los suyos están todos bien enterrados, que a su familia jamás se le robó un bebé y que nunca les quitaron, por la cara, una fanega de tierra.
Al contrario, por la lógica de bandos, es muy probable que una enorme cantidad de políticos del PP, y de VOX, tengan posesiones heredadas que habían sido previamente robadas a represaliados políticos durante la guerra y la dictadura. Y este, amigos, es el motivo por el que no quieren que nada de esto se investigue, porque son delitos vivos, con impacto actual, que podrían ser perseguibles por ley, aunque fuese solo para enmendar sus consecuencias, y que posiblemente los señalan a ellos, o sus amigos en consejos de administración de eléctricas, empresas de armas y de explotación agrícola.
En resumen, si eres de derechas, pero te duele que se roben bebés y se quite a la gente sus tierras, manifiéstate el trece de noviembre con la gente normal. Gracias.
