En pleno auge del 'true crime' en plataformas y televisiones, con series como 'El caso Asunta' y las recientes denuncias de violencia mediática de la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería, un grupo de expertos ha analizado los límites legales y éticos de estas producciones audiovisuales.

El derecho al honor y la intimidad, el derecho al olvido, la protección de los menores o el respeto al secreto de sumario marcan algunas de las líneas rojas a la libertad de informar y es necesario analizar "caso a caso", según los abogados del despacho Écija que han celebrado este jueves la jornada 'De la portada a la pantalla: diseccionando el true crime' en su sede en Madrid.

Como punto de partida, Ana Belén Spinola, experta en derecho penal, ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que "cualquier involucrado en un procedimiento penal adquiere por ello la condición de persona pública", lo que justifica el interés periodístico e informativo, con la condición de "ser fiel al sumario" para evitar denuncias por calumnias o injurias.

Los menores están especialmente protegidos, ha agregado, ya que se necesita el consentimiento de un representante legal e, incluso teniéndolo, la fiscalía puede intervenir por iniciativa propia.

Pese a ello, Sara Gonzalo, que ha sido productora ejecutiva de series como 'El caso Asunta' y 'Fariña' en Bambú Producciones -cargo que dejó en marzo pasado-, ha lanzado la pregunta de si esos límites son suficientes.

"Me pregunto si dentro de unos años alguien hablará de nosotros como nosotros hablamos ahora de los periodistas que cubrieron el crimen de Alcasser", ha dicho en alusión al sensacionalismo que primó en torno a ese caso hace más de tres décadas.

"Lo que hacemos es legal pero quizá en algún momento alguien va a legislar para reforzar la protección de esos menores", ha indicado la actual directora general de AECINE, asociación de productoras de cine independientes.

Spinela ha admitido que "quizá falta regulación" en lo que se refiere a la protección de los menores y recordó que "la revictimización" es algo que aconsejan evitar.

Cristina Ortiz, directora legal de Bambú, ha explicado que la asesoría jurídica está cada vez más presente desde el principio del desarrollo de sus proyectos y que su línea editorial es clara, en el sentido de que buscan historias con "repercusión social" y que eviten el morbo gratuito.

"Se puede hacer 'true crime', pero no de cualquier manera", ha señalado tras subrayar que la aparición de la niña Asunta en la serie que lleva su nombre es "residual" y que se centran más en los padres, interpretados por Candela Peña y Tristán Ulloa.

Íñigo de Yarza, CEO del grupo Henneo, que engloba prensa y producción audiovisual, ha admitido que "es difícil huir del sensacionalismo en la guerra del clic" y apuntó que el consumo de sucesos es "brutal", son las noticias más vistas "de lejos".

"Somos esclavos de los algoritmos y este no es un reto menor", ha afirmado Yarza, partidario de buscar el equilibrio entre información y respeto a las víctimas y de ofrecer contexto al lector dentro de la "velocidad frenética" que impera, porque "cuando vienen los tsunamis, el agua potable es importante".

John Brian Houghton, director comercial de la compañía de seguros AON, ha explicado que con la llegada de Netflix a España en 2017 se introdujo el concepto de 'clearance', que consiste en mitigar o reducir los riesgos legales en la actividad de producción y explotación de una obra audiovisual.

"En España se reclama poco", ha dicho, pero ha recordado que el contenido de estas plataformas no se queda en España y pueden llegar reclamaciones de otros países, como Estados Unidos, donde es mucho más común querellarse por difamación.

Spinela ha señalado otras cuestiones a tener en cuenta, como que las filtraciones de un sumario pueden ser delito, mientras que la fase del juicio oral es pública y, en cuanto a la fase de instrucción, recordó que, según el Constitucional, hay diligencias que se pueden publicar, con cuidado no perjudicar el curso de la investigación.

Sobre las entrevistas grabadas en prisión, ha agregado, el Supremo prima la libertad de expresión de los encarcelados e Instituciones Penitenciarias tiene la obligación de permitir el acceso, siempre y cuando se sigan unos cauces y se pida permiso.