Los seis presuntos integrantes del clan de origen rumano desarticulado en 2012 por obligar a ejercer la mendicidad a varios compatriotas a quienes traían presuntamente engañados a España desde su país natal con falsas promesas de trabajo se enfrenta a penas individuales de nueve años de prisión.
La Fiscalía imputa a los tres hermanos, las esposas de dos de ellos y un yerno la comisión de un delito de trata de seres humanos e interesará, en la vista oral que se va a celebrar en la Audiencia Provincial de Almería, que, de ser condenados, no se les conceda el tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la pena.
El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, interesa que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a dos de sus víctimas, testigos protegidos en la causa, con 30.000 euros por daños morales.
Según indica el Ministerio Público, todos los miembros de clan carecían de actividad laboral y "para sufragar sus necesidades económicas" se pusieron de acuerdo para tejer la trama que fue desarticulada por la Policía Nacional en noviembre de 2012 en el marco de la denominada operación 'Lazarillo'.
Así, contactaban, a través de otros familiares, con personas residentes en Rumania que por su situación económica necesitaban trabajo y les ofertaban la realización de labores en el campo en Almería. Además, se ofrecían a sufragar el coste del viaje y a proporcionales alojamiento.
Una vez llegaban a la provincia, según mantiene la fiscal, les obligaban, bien mediante violencia física bien con violencia psíquica, a que ejerciesen la mendicidad en distintos puntos de la ciudad y les forzaban a entregarles el dinero obtenido.
Con estos ingresos, los procesados compraban bienes como ordenadores, teléfonos móviles, cargadores de teléfono o gafas de sol que, posteriormente, dedicaban a la venta a terceros.
El escrito detalla que la red, en concreto el acusado Fanel M., contactó con una de las víctimas, liberada en la operación policial, a finales de 2011 a través del padre del acusado para ofrecerle un trabajo en el campo, además de pagarle el trayecto en autobús hasta Almería.
Cuando llegó, se trasladaron juntos a uno de los domicilios del clan, en la calle Doctor Carracido, y una vez que estaban allí, junto a su esposa Mandica M. y su yerno Robert I., también enjuiciados, Fanel M. le dijo que "le iba a matar si no hacía lo que le decía" al tiempo que le quitaba su documentación personal.
A partir de ese momento, según remarca el Ministerio Público, "quedó en manos de los procesados" y comenzó a ejercer la mendicidad en distintos puntos de la ciudad, generalmente a las puertas de un supermercado y vigilado "aleatoriamente" por los integrantes del clan, quienes "se aseguraban de que pedía dinero en el lugar indicado".
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE EN COMERCIOS, Y DE MADRUGADA EN BARES
Durante aproximadamente un año, la víctima estuvo mendigando diaramente, en horario de 09,30 horas a 15,00 horas, y de 16,00 horas a 22,00 horas, y entregando "todo el dinero que conseguía" a Fanel M., quien le proporcionaba ropas viejas y distintos carteles confeccionados con frases "acordes a su labor".
Asimismo, fue "objeto de agresiones físicas" por parte de este procesado, de sus hermanos Adrian M. y Niculae M., así como de Mandica M. y Robert I., quienes le amenazaban también presuntamente con "darle palizas o incluso matarle si les desobedecía".
El mismo 'modus operandi' usó el clan con otra de las víctimas, a quien en un principio se le prometió compartir las ganancias aunque luego no fue así. En su caso, también se le obligaba a mendigar de madrugada por bares y locales una vez que cerraban los centros comerciales y se le prohibía salir del domicilio en el que le tenían retenido si no era para "trabajar".
La septima procesada, Mariana R., era la encargada de controlar que no abandonasen las viviendas las víctimas, que tampoco podían contactar con sus familias en Rumania. De hecho, según la Fiscalía, en una ocasión, uno de ellos pidio permiso y Adrian M. "le abofeteó al tiempo que le decía que si insistía, le sacaría toda la sangre del cuerpo".
En la operación policial, que estalló el 28 de noviembre de 2012, se registraron los dos domicilios usados por el clan, el segundo de ellos en la carretera de Los Molinos, y se intervinieron, además de diversos bienes, cuatro vehículos de alta ganma "adquiridos con las ganancias de la ílicita actividad a la que se venían dedicando".
La investigación fue desarrollada por el Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación en colaboración con el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería.
