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Almería

Aplazan declaración de alcalde de La Mojonera sin fecha, a la espera de que retorne la juez titular

El PSOE interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en septiembre de 2014 antes de que Cara perdiera su condición de aforado como parlamentario andaluz por el PP a raíz de la ley de incompatibilidades, lo que le llevó a renunciar a su cargo en la Cámara autonómica

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El Juzgado de Instrucción 5 de El Ejido (Almería) ha aplazado la declaración en calidad de imputados del alcalde de La Mojonera, José Cara, y cuatro concejales de su equipo "ya que alguno de los querellados no ha sido notificado en tiempo y forma" de la citación.

   La comparecencia señalada para este viernes deriva de la querella interpuesta por el PSOE de La Mojonera por la relación del Ayuntamiento con empresas filiales de la mercantil Hispano Almería SL y en la que apunta a que podría constituir presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

   Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que no se ha fijado nuevo calendario para que comparezcan Cara y los ediles Amador Ruiz, Eva María Navarro, Francisco Gutiérrez y Antonio Navarro a la espera de que la jueza titular se incorpore al órgano tras terminar la comisión de servicio que está desempeñando. El juez que ha asumido la sustitución cesa el próximo día 30, según han precisado.

   El PSOE interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en septiembre de 2014 antes de que Cara perdiera su condición de aforado como parlamentario andaluz por el PP a raíz de la ley de incompatibilidades, lo que le llevó a renunciar a su cargo en la Cámara autonómica.

   Los hechos denunciados afectan a siete expedientes distintos, por actividades mantenidas por el Ayuntamiento con las empresas Gesponiente y Alcosan, filiales del grupo Hispano Almería, y, además con la empresa Coalsa, por otro lado.

   En la denuncia se indica que en el año 2005, Cara presuntamente compró acciones de Gesponiente, un hecho que "debía haber incluido" en las declaraciones de bienes y actividades presentadas tanto en el Ayuntamiento de La Mojonera, por su condición de alcalde, como en el Parlamento de Andalucía, pero que "no figura en ninguna de ellas".

   Con esta compra, Cara habría pasado a ser accionista de una empresa que "se beneficiaría posteriormente de dos operaciones firmadas con el Ayuntamiento" como son la enajenación de una parcela municipal en el sector 1, adjudicada a Gesponiente por 255.846 euros, y la permuta de unos terrenos municipales por otros de esta empresa, valorados ambos en 840.000 euros.

   "Se da la circunstancia de que Gesponiente había comprado los terrenos que permutó con el Ayuntamiento apenas unos meses antes, con un valor catastral de 300.506 euros, de modo que esta operación supuso importantes ganancias para la empresa", según recoge el PSOE.

ADJUDICACIÓN DE OBRAS

   Además de estas dos operaciones, la querella también señala las "irregularidades" presuntamente cometidas por el alcalde en la adjudicación de cinco obras municipales, realizadas por Construcciones Almería S.A. (Coalsa) y Construcciones Alcosan Almería S.L., esta última filial grupo Hispano Almería.

   En concreto, se trata de las obras de adecuación y mejora del Centro Cultural adjudicadas por 605.849 euros, el complejo deportivo de la calle Rosaleda adjudicado por 296.000 euros, el Museo de la Agricultura adjudicado por 172.850 euros, el Centro de Usos Múltiples, que costó 738.336 euros, así como la reconversión ecoenergética y medioambiental del Recinto Ferial por otros 700.358 euros.

   "Estas cinco obras fueron adjudicadas con informes desfavorables de la secretaria del Ayuntamiento, del interventor municipal o de ambos, que advirtieron de que no se podían licitar los trabajos porque no estaba acreditado que los terrenos fueran de propiedad municipal y porque, en algún caso incluso, no existía disponibilidad presupuestaria. Pese a estos reparos, el alcalde adjudicó las obras, lo que a juicio de los denunciantes constituiría un caso de prevaricación penal", según expone la querella.

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