El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a A.L.S., de 48 años y vecino de Níjar (Almería) a una pena de dos años de prisión por un delito continuado de estafa después de que vendiera varios contratos de trabajo falsos en los que se hacía pasar por empresario agrícola para regularizar la situación de personas extranjeras en el país, a los que pedía entre 200 y 800 euros por contrato.
Así consta en la sentencia, que impone al acusado una multa de 1.800 euros más costas por los hechos que, según resume el fallo, se habrían producido al menos entre abril de 2010 y julio de 2011, periodo en el que el hombre se hizo pasar por empresario agrícola para vender contratos a tres inmigrantes a los que supuestamente empleaba como peones agrícolas.
El acusado encargó una serie de contratos que luego rubricaba como "representante de la empresa" aunque, dichos documentos, "no se correspondían con una relación laboral real" sino que su finalidad "consistía en la formación de un documento sin base real que posteriormente sería utilizado por el comprador para los trámites que les conviniesen en las distintas subdelegaciones de Gobierno".
Aunque en esta ocasión el procesado fue juzgado a causa de cuatro contratos que tenían como fin la obtención de permisos de residencia y trabajo legal por parte de los compradores, los agentes de la Ucrif que ejecutaron la investigación señalaron que el acusado aparecía como empleador en la regularización de hasta 19 extranjeros pese a que en los datos que figuran en la Seguridad Social "no tenía la actividad agrícola" a la que hacía referencia, ya que incluso se había dado de baja en el régimen especial de autónomos en abril de 2010.
De la misma manera, el informe pericial caligráfico señaló "sin género de dudas" que la firma que aparece en los contratos inspeccionados corresponde a la del acusado, quien en este caso habría estampado su rúbrica en un documento falso. Estas cuestiones complementan la declaración de uno de los inmigrantes que aseguró ante el plenario haber pagado una cantidad determinada por el contrato al acusado, quien le facilitó el contrato.
Ante esto, A.L.S. aseguró no conocer de nada a ninguno de los inmigrantes, excepto a uno porque "fue a su casa pidiéndole explicaciones por un contrato de trabajo cuya existencia él desconocía", al tiempo que afirmó que no tuvo nada que ver en la confección de los citados contratos, que desconocía su existencia y que "hace cinco o seis años perdió la cartera con su documentación". Sobre el fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
