La vista oral de la macrocausa 'Costurero', en la que se juzga una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Zurgena (Almería), se retoma este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial después de que el tribunal resolviese las cuestiones previas planteadas por las partes y anulase la información y los datos obtenidos de los ordenadores del exconcejal de Urbanismo y del Ayuntamiento en manos del constructor Tomás Zurano obtenidos durante la instrucción, por lo que estos "no tendrán validez alguna como prueba inculpatoria".
El tribunal ha reservado este martes y los días 22, 23 y 28 de marzo para oír en sala a los 25 encausados, entre ellos quien fuera alcalde andalucista de la localidad, Cándido Trabalón. Precisamente, la Sección Segunda desestimó en un auto la nulidad de actuaciones planteada por Trabalón en la sesión celebrada en mayo de 2016 desde que la Guardia Civil procedió a la entrada y registro del consistorio en abril de 2007, o la prescripción de delitos por haber transcurrido diez años.
La fase testifical arrancará el día 29 y continuará los días 30, 3, 4, y 6 de abril, así como los días 24 y 25 del mismo mes, cuando está previsto que declaren los ciudadanos británicos que figuran como perjudicados en el procedimiento.
Esta dará paso a las comparecencias de los testigos-peritos, prevista para el día 27, mientras que la pericial se celebrará los días 2 y 3 de mayo. El tribunal ha fijado una sesión, concretamente el día 3, para la audición de las grabaciones que obran en las actuaciones mientras que los días 8 y 10 de mayo será el trámite de informes. La Audiencia ha reservado otros cuatro días en el calendario por si fuera necesario para la celebración de la vista.
La Sección Segunda admitió, en su auto de resolución sobre las cuestiones previas, las pruebas documentales aportadas en el acto y tres testificales propuestas por uno de los arquitectos encausados, pero consideró que solo procedía estimar la nulidad del volcado y el clonado en relación a la documentación encontrada en los ordenadores del Ayuntamiento en la vivienda de Zurano y en el de Tijeras ya que los autos que motivaron el registro tanto del Ayuntamiento como de sus domicilios "no eran extensibles a la información contenida en dispositivos de almacenamiento masivo de información digital".
En concreto, señaló que tales resoluciones del juzgado instructor no se extendían a la "justificación de razones que legitimarían el acceso de los agentes a esta información" y remarcó que no consta, además, resolución judicial en la causa autorizando "el examen, clonación y volcado, in situ o en sede judicial, en diligencia levantada por el letrado de la administración de justicia y a presencia del imputado". "Los datos obtenidos del clonado no tendrían validez alguna como prueba inculpatoria", apuntilló la Audiencia Provincial.
CONFORMIDADES
En la sesión en la que se plantearon las cuestiones previas, cuatro acusados reconocieron los hechos y mostraron conformidad con las penas interesadas por el Ministerio Fiscal. Por un lado, fueron el extécnico municipal Carlos Domingo B.F., quien, al margen de su condición de empleado público, actuó como director de obra en dos de los residenciales bajo sospecha, y, por otro lado, José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., administradores y arquitecta de la constructora 'Colyar SLL', respectivamente.
A su llegada a la Ciudad de la Justicia para el juicio, que debe dirimir si se incurrió en delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la ordenación del territorio y desobediencia, el exalcalde zurgenero Cándido Trabalón, quien se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación, defendió una vez más que concedieron las licencias bajo sospecha con "informes técnicos y jurídicos favorables" y lamentó los "duros nueve años" transcurridos desde su detención en abril de 2007 hasta el juicio.
"COSTURERO ROTO"
Ya en sala, su abogado, quien se mostró convencido de que, al término del juicio el caso quedará en "costurero roto", pidió la nulidad de las actuaciones desde que se produjo la entrada y registro en el Ayuntamiento el 2 de abril de 2007 mediante un auto "sin fundamentación y no firmado por el juez" y en base a escuchas telefónicas cuya nulidad también ha solicitado, al igual que la defensa del exedil de Urbanismo Manuel Tijeras a la que se adhirió. El abogado de Tijeras pidió también la nulidad de las escuchas
Entre encausados en el caso 'Costurero', operación que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo y el concejal de Urbanismo, figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura.
El fiscal atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión, y destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte de promotores.
'MODUS OPERANDI'
Tres fases distingue en la trama tejida por los dos principales procesados. En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal" de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.
En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno. Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama usando el "subterfugio" de tildar suelo no urbanizable como suelo urbano e indicar a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello". La tercera etapa se habría iniciado en febrero de 2006 cuando empezaron a usar la vía del silencio administrativo.
