La Audiencia Nacional ha solicitado al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) que le remita el expediente completo del traslado y almacenamiento en 2016 de casi 1.500 kilos de material radioactivo a Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), y que certifique si esta actuación contó o no con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La sala de lo Contencioso-administrativo pide al Ciemat que, en caso de "no existir" el citado expediente, lo certifique así el secretario de la institución al entender que el traslado de estos materiales es un "hecho relevante" a la hora de decidir si obliga al regulador atómico a ejecutar el plan de rehabilitación para la zona que se aprobó en 2010.

La providencia, consultada por Europa Press, también libre oficio para que aporte el inventario de "todos los materiales radioactivos" que se encuentran almacenados en dos contenedores ubicados junto a dos balsas de riego y le solicita que indique "la fecha en la que fueron trasladados" de Madrid hasta Palomares si bien los datos que han trascendido hasta ahora hablan de los meses de mayo y noviembre de 2016.

La Audiencia Nacional acuerda, asimismo, incorporar definitivamente al procedimiento documentos presentados por los impulsores del procedimiento, Ecologistas en Acción, cuya petición de prueba admite. En concreto, se trata de la nota de prensa que, conjuntamente, emitieron el Ciemat y el Ayuntamiento de Cuevas el día 26 de octubre de 2018 y en la que se dice que el traslado se realizó "sin conocimiento de Enresa ni del CSN".

Los citados documentos también incluyen una fotografía de la señalización de este "almacén temporal", señalización que dice es "simular a la que puede tener un coto de caza, sin que en ninguna zona de la alambrada aparezca señalización alguna que indique que en esos contenedores se almacena material radioactivo" y otras tres instantáneas, esta vez obtenidas de Google Earth y a diferentes escalas de tamaño, "con los dos contenedores situados junto a dos balsas de riego próximas al cementerio de Palomares".

Por último, incorpora una quinta fotografía del edificio 33 de la IR 17 del Ciemat con parte de dichos residuos radiactivos, antes de que estos fueran transportados a Palomares.

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado "no tenía relación" con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

"Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar", indicó en su auto la Sección 7ª, que subrayó el hecho de que se supone que se "trata de tierras extraídas de ese lugar" para su análisis que "ahora vuelven al mismo es algo sobre lo que debe versar la prueba".

Con estos últimos pasos, la Audiencia Nacional quiere comprobar la veracidad de tales hechos y "aclarar" el origen de esos materiales radioactivos a raíz de que Ecologistas en Acción pidiese una ampliación de hechos tras la "información periodística" que reveló el transporte de este material, que posteriormente fue reconocido por el propio Ciemat, que precisó que procedía los sondeos realizados en el suelo de Palomares para la elaboración del estudio de caracterización 3-D.

En concreto, detalló que eran muestras directamente recogidas las 40 hectáreas contaminadas como sedimentos y suelos. Precisó que el primer envío fue el 10 de mayo y estaba compuesto de 76 cajas con diferentes muestras con peso total de 796 kilos y una actividad radiológica de 0.9 MBq (241Am) y 3.6 MBq (239+240Pu) mientras que el segundo se ejecutó el 29 de noviembre con 77 cajas con diferentes muestras, un peso total de 670 kilos y una actividad total de 0.77 MBq (241Am) 3.08 MBq (239+240Pu). Desde el Ciemat se sostiene que tienen "muy baja actividad radiológica".

LA CANTIDAD DE TIERRA A LIMPIAR HA VARIADO

A lo largo del procedimiento, la Abogacía del Estado ha reconocido que el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos.

Ecologistas en Acción sostiene, sin embargo, que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", y, después, firmó el acuerdo para el traslado y almacenamiento de los residuos generados con EEUU, que habría condicionado la rúbrica a estos cambios "por motivos políticos, sin base científica".

La Abogacía del Estado argumenta, sin embargo, que en el transcurso del tiempo "se ha dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente para determinar los valores de concentración de actividad (niveles derivados) y que esto "incide en el volumen de tierra a retirar, sin que se haya producido modificación alguna en el nivel de intervención de 1mSv/año, valor mínimo" de radiación a percibir por la población.

"IMPOSIBILIDAD" DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS CLASIFICADOS

La Abogacía del Estado ha admitido en la causa la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".

Reconocía, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" pero reveló que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.