El empresario Ambrosio Cuevas, socio en Gestora Ejidense del ex alcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, ha afirmado en el macrojucio de 'Poniente' que este "jamás" realizó "ningún acto prevaliéndose de su cargo" ya que todos los terrenos que compró "en su momento tienen la misma calificación urbanística" y que "jamás intercedió en favor de dicha sociedad".
"Jamás ha realizado ningún acto para beneficiar a Gestora Ejidense", ha dicho a preguntas de Fiscalía Anticorrupción y Ayuntamiento de El Ejido, aunque ha matizado que "el único acto del que debería quizá haberse salido, abstenido, fue un cambio de cuatrienio para unos terrenos que fue aprobado en pleno aunque ese sector a día de hoy sigue sin desarrollar" y que una empresa del denominado Grupo Galán "alquiló los terrenos a Gestora Ejidense" y "luego a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur)" para "maquinaria".
Cuevas ha defendido que Clabert Gestión, de la que fue propietario a partir de 2005, llegó a tener "más de 114 empleados" y ha dicho que "no es cierto" que la "mayor parte de sus ingresos" proviniesen "directa o indirectamente del Ayuntamiento de El Ejido" como sostiene Anticorrupción, que fija el porcentaje en algunos ejercicios de más del 90 por ciento.
"Los ingresos son por contratos con Colaboradora de Gestión que obran en la causa. Clabert toda su relación era con Colaboradora de Gestión, que nos subcontrató la gestión catastral, pero nunca con el Ayuntamiento", ha señalado al tiempo que ha subrayado que "todas las empresas" del resto de acusados en la trama que han facturado a Clabert y que Anticorrupción tilda de "instrumentales" lo hicieron "por trabajos efectivos y reales prestados a la sociedad" rechazando así que sirviesen "para repartir las ganancias ilícitas obtenidas" de la empresa mixta.
Cuevas, quien ha contestado a todas las partes, incluidas acusaciones particulares y popular, ha asegurado con respecto al exinterventor municipal José Alemán que su relación era "tremendamente tensa" ya que, según ha dicho, "me pasaba la vida como un perrillo en la Tesorería para cobrar y, viendo que era imposible, acudía a él para ver cuando se podía hacer el cobro".
La Abogada del Estado ha incidido en la relación de "asesoramiento supuestamente ficticio" entre Clabert y Multi Gestión, del empresario Juan Antonio Galán a quien se ha referido como un "hermano", y el acusado ha explicado que sí "hay contratos" aunque los "servicios no se plasmaron en ningún informe". También ha reconocido que se "autocontrató" para esos mismos servicios con su sociedad unipersonal ACG Consultoría.
Con respecto al también empresario acusado Jesús Aragón, ha dicho que prestó a Clabert dos servicios "concretos" con Sillar y Raíz "para expandir el negocio a puntos limpios de residuos" en El Ejido y Níjar, y que esos estudios "nunca necesitaron ser documentados". Ha concluido que nunca contrato a familiares de Enciso, Alemán u otros implicados en el entramado.
Anticorrupción considera que Ambrosio Cuevas participó, como otros acusados, socialmente de empresas que "sobrefacturaban" a Elsur "para repartirse los beneficios" y lo califica de "socio colaborador" de los subcontratistas de la empresa pública con la que se habrían detraído 71,5 millones de euros de dinero público junto a Juan Enciso, José Alemán o Jesús Aragón.
"TRABAJOS REALES"
Precisamente en su interrogatorio, Aragón ha justificado los más de 650.000 euros recibidos de empresas del Grupo Galán entre 2004 y 2009 en que estas "tenían necesidades que yo podía cubrir" y ha dicho que subcontrataba "cuando le hacía falta" al tener "experiencia en formar equipos".
Sobre los pagos desde Sillar y Raíz o Laupa a Multi Gestión, también de Galán, por importe de 209.000 euros ha indicado que "se aprovechaba de la cantidad de empleos que tenía y lo contrataba de forma puntual para trabajos en invernaderos ya que me venía muy bien al no cargarme yo de personal".
Aragón ha trasladado, a preguntas de la Fiscalía sobre los 221.046 euros facturados por otra de las empresas de Juan Antonio Galán, que se debían "a sus trabajos no habituales y al uso" y ha coincidido con el exinterventor José Alemán al decir que los 76.850 euros que pagó a Sistemas de Dirección S.L., del propio Alemán, no fue "comisión ilegal" sino "asesoramiento específico para un proyecto de campo de golf".
Sobre por qué en las facturas que emitía no se hacía referencia "a conceptos concretos", ha señalado que "veía los partes del día, hacía los números y una vez" que le "cuadraban, emitía la factura porque no tenía interés en los albaranes". "Nunca dejé de pagar intencionadamente a Hacienda", ha concluido.
"EL INTERVENTOR NOS DIJO QUE PRESENTÁRAMOS LAS FACTURAS A ELSUR"
Por su parte, el ex jefe del Área Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (Agustín Santaella ha indicado que la empresa Urdial-Maryya "apareció" cuando el exinterventor "le dijo al gerente de Elsur que pagase las minutas" de los "trabajos extraordinarios" que, "hasta 2002-2003", "cobrábamos yo y mis compañeros como gratificaciones en nómina".
"Posiblemente eso hiciera muy difícil controlar el capítulo I de Personal y fue entonces cuando el interventor decidió que no podía ser ese pago y que si queríamos cobrar trabajos ya realizados, que no presionaramos más, que si queríamos cobrarlos que presentaramos facturas que pagaría Elsur", ha trasladado a preguntas de su defensa en la última sesión de interrogatorios de los acusados.
Santaella, quien no ha contestado al resto de partes, ha relatado que "Alemán, para solventar los problemas" de pago a "los técnicos en ejercicio libre contratados" para las asistencias técnicas en obras en colegios, dijo que se le dijera al gerente de Elsur que pagase las minutas. El gerente no quería, puso condiciones por esa gestión, por aguantar la financiación de aquello y quería un porcentaje de aquellos importes y ahí aparece Urdial-Mariyya, que canaliza todos los importes de los servicios profesionales y los honorarios de asistencia técnica en ejercicio libre".
"La empresa se creó para aquellos técnicos y nos dijeron que teníamos que cobrar también los honorarios", ha precisado para añadir que "eran infraestructuras inmensas las que se hicieron en aquella época y era tal el trabajo por hacer que estábamos absolutamente desbordados".
Ha trasladado, asimismo, que nadie "deshizo o hizo objeción al camino impuesto por el Ayuntamiento", que siempre "tuvo compatibilidad" para "esos trabajos extraordinarios que antes cobraba en nómina" y que, a partir de 2003, "cuando se nos dijo de hacer facturas, lo que nos obligaba a hacer liquidaciones de IVA cuando no teníamos que hacerlo", se seguía "el mismo procedimiento para los trabajos de mayor envergadura".
"El técnico decía que estaba desbordado y yo le decía que hiciera una propuesta que era hacerlo cuando pudiese, con pago de horas extraordinarias en casa por la noche o con asistencia técnica; se hacía la propuesta y el concejal valoraba y tomaba la decisión", ha señalado.
Anticorrupción, que retiró la acusación para otros tres funcionarios más del área al estimar que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios había prescrito, sostiene que Santaella fundó Urdial-Maryya con la que Elsur "subcontrató asistencia técnicas en obras municipales", y que las facturas que "sus socios" pasaban a esta mercantil "eran aumentadas un 10 por ciento, encareciendo el trabajo a fin de obtener beneficios ilícitos de Elsur". Habría obtenido unos beneficios ilícitos entre 2004 y 2009 de 250.682,70 euros, según la acusación fiscal.
