Andalucía volverá a contar con una línea de incentivos a la contratación de empleo estable durante este ejercicio, con 158 millones de euros, de los que 70 millones estarán destinados a propiciar la contratación indefinida de los menores de 30 años.
Así lo ha explicado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que en 2022 hubo ya una línea en este sentido con 170 millones que se terminó de pagar el pasado 15 de enero. "Se pagó en 37 días", ha valorado la consejera.
Esta línea estará implementada sobre los meses de "marzo y abril", el tiempo de "reajustar" la línea recién cerrada y "volverla a montar". Así, en 2022 se recibieron 21.497 solicitantes entre empresas y autónomos, con un importe medio de 7.800 euros, y se han propiciado más de 51.000 contratos estables.
También durante la entrevista tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el jueves pasado, la consejera ha analizado la tasa de paro en Andalucía, que se sitúa en el 19%. "La comunidad con la tasa más alta, solo por delante de Ceuta y Melilla", ha detallado para, luego, señalar que "veníamos del 37,5%".
En este sentido, se ha enfocado en la estructura productiva de la región basada en la agricultura y el turismo y en subrayayar que "las medidas del Gobierno andaluz están funcionando pero todavía no se ha tenido tiempo suficiente para que puedan ser medibles".
Ante esta situación, Blanco ha augurado un 2023 donde "Andalucía seguirá creciendo y convergiendo". "Andalucía está trasladando a España y a Europa confianza y seguridad jurídica y eso es lo importante", de manera que esto en 2023 se va a plasmar "con todo el esplendor que nuestra tierra se merece".
Preguntada por la dificultad de encontrar trabajadores en algunas profesiones, la consejera ha indicado que su departamento ya usa herramientas para acercar las necesidades del tejido productivo y los parados" y, en este ámbito, ha señalado la formación profesional y la modificación que está llevando a cabo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que "no obedecía a las necesidades de las empresas".
Al hilo de esto también ha considerado que la legislación estatal debería contemplar determinadas consecuencias cuando un parado con subsidio de desempleo estatal rechaza una oferta adecuada.
