"El crecimiento de la población mundial durante los próximos veinticinco años tiene tal importancia que supera toda consideración social o económica. Es el problema fundamental de nuestra existencia". Naciones Unidas.
La previsión meteorológica indica que los meses entre mayo y julio van a ser muy calurosos, más de lo habitual, sin apenas precipitaciones, secos, con un elevado riesgo de incendios prosiguiendo la tendencia que se inició en 1980 de veranos calurosos en los que, habitualmente, se producen puntas con olas extremas. La sequía es crónica y, pese a que cada año el riesgo es similar, no hay planes de contención severos -ya lloverá, pensamos-, no existe una política unificada entre todas las administraciones en base a su eterna disputa competencial para proteger el suministro de algo tan esencial como es el agua en sus diferentes variantes: consumo, embalses, trasvases, desalación y, cómo no, suministro a través de unas redes en muchos casos deficitarias por las que se pierden cantidades indecentes de metros cúbicos todos los años, todo ello en un Andalucía seca plagada de campos de golf, piscinas y jardines que, para su sostén y el del turismo, necesita de muchísima agua y, en consecuencia, de una gestión adecuada de la misma. Y solo pensamos en la importancia vital de este líquido elemento cuando hay escasez. Como ahora.
Existe un debate antiguo sobre si es mejor que la gestión del ciclo del agua sea pública o privada, tanto en alta, que es aquella que se suministra entre embalses o acuíferos hasta la red de las ciudades, como en baja, que la engancha ahí y la lleva hasta las casas de la gente y gestiona una red local que, por norma, suele tener grandes porcentajes de pérdida. Como en otras esferas, la gestión pública ha tenido la tendencia de convertirse en chiringuitos políticos sobredimensionados en personal y sueldos, lo que revierte directamente en el recibo del usuario y, por este hecho entre otros, el agua no vale lo mismo en Huelva, donde Giahsa, su empresa pública, aportó en 2022 a los partidos políticos 546.200 euros by the face, Sevilla o Cádiz cuando su procedencia, nubes o acuíferos, es la misma; por desgracia, no sabemos hacer agua en un laboratorio y mira que sabemos hacer cosas. Pero agua no.
La factura del agua puede variar hasta un 434,8% según Facua-Consumidores en su estudio sobre relación de tarifas de 2022, que señala a Cádiz como la capital andaluza con el agua más cara y ahí la gestión está en manos de Aguas de Cádiz, empresa pública, con 22,05 euros; la sigue Huelva, 21,35, Almería, 18,92, Sevilla, 18,15, Jaén, 18,11, Córdoba, 17,79, Granada, 16,20 y Málaga, la más barata, 12,51, que viene a ser casi la mitad de lo que pagan en Murcia, la ciudad más cara en el consumo de agua del país.
Hay que añadir los diferentes cánones que se pagan en las facturas, que son de orden local, provincial y autonómico y cuyo destino está, o debería, en la mejora de infraestructuras en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, pero sucede que muchas veces el usuario paga su cuota de canon y el destino final de lo recaudado o no es o es otro, incluso a veces, como en el caso autonómico, se ha eliminado temporalmente durante 2023 porque la Junta acumuló mucho dinero en caja en este concepto sin haberlo destinado para el fin que se recaudó y, por ello, desde el uno de enero se ha suprimido bajo la consigna -electoralista- de quitar un impuesto que dejará en el bolsillo de los andaluces, dicen, 140 millones de euros. En plena sequía, ¿es lógico eliminar un canon destinado a la mejora de las infraestructuras hidráulicas de uso urbano? ¿Lo es no ejecutar obras, a la vista está, imprescindibles? La Consejera de economía, Carolina España, lo justifica: "Durante años este impuesto se nos cobró a los andaluces, pero no se ejecutaron las obras, lo que generó un remanente de recaudación que estamos invirtiendo. Desde que se implantó este canon, se recaudaron 730 millones de euros, y solo se ejecutaron 179 millones en obras hidráulicas". Es obvio que en plena sequía es vital que las obras se ejecuten porque de nada sirve un consumo responsable por parte del ciudadano con una red averiada y cuyas pérdidas solo se detectan cuando se produce un incremento desproporcionado en la factura, por no hablar del eterno conflicto competencial entre Junta y administración central, que es quien tiene la competencia de los ríos y, en consecuencia, de las obras que posibilitan posibles trasvases.
Con Doñana han saltado todas las alarmas y el asunto crece por días debido a la proposición de Ley de PP y Vox para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana mediante la cual se legisla un cambio en la clasificación de 1.600 hectáreas de suelos forestales como agrícolas con regadío de aguas en superficie, sobre lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de la nación, ha respondido que no hay agua, ante lo cual los aproximadamente 1.500 regantes de la zona tendrán suelo cultivable pero sin agua. En Doñana, más de la mitad de sus lagunas naturales han desparecido -en parte por cultivos ilegales-, lo que afecta tanto a la fauna como a la sequía de una arbolada en algunos casos centenaria y que, dicho sea de paso, mueran árboles con más de cien años de vida por falta de agua nos debería producir algo más que pudor. Es, sencillamente, vergonzoso. Y muy triste.
Todo ello está derivando en un enfrentamiento entre Junta y Gobierno con los regantes de por medio y, sobre todo, con la escasez de agua como fondo y con la mayor parte de las obras hidráulicas, con los canon cobrados, sin ejecutar. Esta es la realidad. Un claro ejemplo de ineficacia administrativa de la que participan, sin excepción, los dos partidos competentes en la materia y que, al margen de acusarse, no van más allá de la refriega política.
Hay asuntos de la vida pública que, por desgracia, no tienen mucho recorrido electoral, sucede con la gestión del agua o con las políticas sobre tratamiento de residuos. No votamos lo que no vemos, tanto si la red hidráulica que está bajo el suelo es eficaz como si la planta de tratamiento separa bien y recicla adecuadamente y esto la clase política lo sabe, por eso solo presta atención cuando el problema salta y en dos cuestiones tan esenciales para el presente y para el futuro de la humanidad, como es la gestión del agua o la de los residuos, no existe penalización alguna, ni para las administraciones, ni para las empresas, como tampoco, y debería, para los usuarios. No hay sensación del peligro cuando el peligro, es obvio, acecha.
Esto pasa pese a estar tan necesitados de cuidar en extremo los recursos en todo orden medioambiental para una humanidad que crece y crece y crece y que cada día necesita más porque ha sobrepasado, según informe de la ONU, los ocho mil millones de habitantes y que, en el tiempo que usted, amable lector, lee esta última frase, acaba de registrar 65 nuevos nacimientos. Y otros 65 más en esta otra.
