Me gustaría aprovechar este espacio para tratar otros temas, pero la actualidad manda: El sistema judicial de nuestro país se encuentra en crisis, acuciado por varios males que se le han agolpado como las pulgas al perro flaco.
Por un lado, las huelgas de los Letrados de Administración de la Justicia (LAJ) primero y ahora las de los funcionarios de Justicia, desde principios de año, han supuesto una paralización del sistema judicial, con suspensión de señalamientos, retrasos en la tramitación de demandas, además del retraso de las diligencias de toda índole en los procedimientos ya iniciados.
Antes del 2020 el sistema judicial español ya sufría un atasco en la tramitación de procedimientos y señalamientos, lo que se vio notablemente agravado con la crisis del coronavirus y que ahora, lejos de revertirse, empeora por las paralizaciones por huelga.
Los números asustan: La huelga de los LAJ ha supuesto la suspensión y aplazamiento de unos 400.000 juicios y vistas. La de los funcionarios de Justicia – iniciada en abril- parece que ya ha superado la cifra de 500.000.
Un auténtico estropicio, que afecta plenamente al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y que está perjudicando enormemente al colectivo de profesionales imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema judicial: abogados, procuradores, graduados sociales...
A ello se unen otras cuestiones de suma importancia: El ataque cada vez más habitual y flagrante a la independencia del poder judicial, con el bloqueo de la necesaria renovación del CGPJ; la acusación de machismo a los jueces y magistrados en la aplicación de la polémica ley del “sólo sí es sí”, obviando interesadamente el sometimiento de los jueces al imperio de la ley y poniendo en duda su imparcialidad; la necesaria mejora del sistema del Turno de Oficio…
En España no suele interesar hablar del tercer poder del Estado, salvo cuando sea por aprovechamiento político, para intentar azuzar al contrario o para evitar asumir responsabilidades. Creo que el ciudadano español es más sensible a otras cuestiones de la “cosa pública”, y la calidad y eficacia del poder judicial no está entre sus mayores preocupaciones.
Pero ahora que la Justicia se encuentra en jaque, inmersa en una crisis, y en el foco mediático, debemos de reivindicar por fin una Justicia eficaz, con medios suficientes, y que dé respuesta a tiempo a quienes la solicitan.
Confío que mi colectivo profesional -abogados-, de mano de nuestros Colegios profesionales, participemos activamente en la solución que esta crisis requiere, y que cambie definitivamente el panorama que en el sistema judicial se viene perfilando en los últimos tiempos.
