El equipo de Gobierno trasladará a la sesión plenaria del mes de junio, prevista para mañana lunes a las 20.00 horas, algunos puntos de interés de carácter urbanístico, tales como la aprobación, ya definitiva, de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Como explicó el delegado de Urbanismo y portavoz del ejecutivo socialista, Joaquín Macías, con este paso se permite que los promotores urbanísticos o ciudadanos que quieran tramitar una obra podrán realizar modificaciones puntuales del PGOU, las cuales quedaron suspendidas hace unos años por la propia Junta de Andalucía.
De otro lado, el Gobierno también acudirá al pleno con un cambio de uso sobre los suelos clasificados como sanitarios en el término municipal. Se trata de un paso fundamental de cara al proyecto del nuevo centro de salud en los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil, además de tratarse de una petición expresa de los técnicos de la Consejería de Salud que están redactando el proyecto. Este cambio de uso de los terrenos ha permanecido unos meses en exposición pública, sin que se haya registrado alguna alegación.
Un tercer punto de interés es la aprobación de la valoración sobre las sanciones urbanísticas, otra medida que se ha sometido a exposición tanto en el boletín oficial de la provincia como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento sin que tampoco haya registrado alegaciones. Con la aprobación de este punto, los ciudadanos que hayan cometido alguna infracción urbanística se acogerán a los criterios catastrales vigentes para el pago de sus sanciones, en función a la calidad constructiva de su edificación, al uso de la misma, a los coeficientes correctores impuestos y otros criterios.
Además, el equipo de Gobierno llevará al pleno la modificación de las normas de sanción sobre las infracciones de circulación de vehículos. En este sentido, la normativa local se tenía que ajustar a las nuevas leyes nacionales sobre la retirada de puntos y la bonificación del 50 por ciento que obtendrán los infractores si pagan la multa antes de 20 días.
Por último, el equipo de Gobierno socialista espera el respaldo del resto de grupos en asuntos como la concesión de escrituras públicas a dos viviendas, en El Santiscal y calle Molinos, después de que sus propietarios hayan terminado de pagar al Ayuntamiento sus inmuebles; una medida que viene impulsando el ejecutivo desde 2003 con aquellos inmuebles que hasta ahora han sido de su propiedad.
Respecto a la gestión del equipo de Gobierno, el pleno se cerrará con la renovación de dos pólizas de préstamo con La Caixa y Cajasol por valor de 1,5 millones de euros cada una. Esta renovación se produce al no contar el Ayuntamiento con liquidez suficiente como para afrontar el pago de 3 millones de euros. El préstamo en cuestión hubiera vencido el próximo 30 de junio. No obstante, el Ayuntamiento amortizó hace unos meses 400.000 euros de una de las dos operaciones, con lo cual el importe de una de las renovaciones se sitúa en 1,1 millones de euros.
De otro lado, Alternativa Independiente Progresitas (Ai-Pro) confirmó desde la oposición que preguntará en la sesión por el cobro del IBI en las VPO de barriadas como Juan Carlos I. De este asunto también se ha hecho eco Izquierda Unida (IU), que ha presentado una proposición no de ley ante la comisión de Obras Públicas en relación con la subida de la renta en las viviendas sociales.
IU asegura que los vecinos de esta barriada y de otras ciudades de Andalucía, que habitan en régimen de arrendamiento viviendas de carácter social propiedad de la Junta, han comprobado que el recibo del mes de mayo incluye un significativo aumento de la renta, que en algunos casos supera el 65 por ciento.
A su vez, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) les ha comunicado que el incremento de renta es debido a que, a partir de ahora, se les va a repercutir en la renta mensual la parte proporcional correspondiente al pago anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). IU recurre a la Ley para recordar que el arrendatario está obligado a satisfacer los gastos que se produzcan no sólo por servicios comunes y por el mantenimiento y conservación de las zonas comunes de construcción, sino también por los tributos y demás cantidades que se abonen por la prestación de servicios”.
Para la coalición, resulta “inadmisible” que, en tiempos de crisis, la Junta aplique a las familias subidas de renta que superan el 65 por ciento.