El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer a favor de revisar la Ley de Morosidad (3/2004), aunque matizó que cualquier cambio deberá hacerse en el marco de lo dispuesto por la Comisión Europea.

El presidente hizo este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado de Convergencia i Unió (CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, que pidió que se modifique el mencionado texto, puesto que, a juicio de su grupo parlamentario, “no ha conseguido sus objetivos”.

Como ejemplo, Duran i Lleida dijo que actualmente se considera que “los retrasos e incumplimientos en los plazos contractuales de pago por parte del cliente originan el 25% de las quiebras empresariales”, al tiempo que el importe de los efectos de comercio impagados en septiembre de 2008 fue un 98% superior al registrado un año antes.

Por todo esto, dijo el diputado, CiU ya tiene presentada una proposición de ley y ayer mismo presentará otra con la que pretenden conseguir “un cumplimiento estricto” por parte de la Administración estatal en sus pagos, porque “es quien tiene que dar ejemplo” en línea con lo que estipuló la Comisión Europea.

Zapatero recordó a Duran que el Gobierno lleva trabajando desde la pasada legislatura en el problema del incremento de la morosidad y añadió que la Administración estatal “lleva años” realizando un “importante y fructífero esfuerzo” para acortar sus plazos de pago.

Asimismo, Zapatero se refirió a las distintas iniciativas dispuestas recientemente por el Gobierno para luchar contra la morosidad en el contexto de la crisis económica, para que la liquidez llegue a las empresas y otras orientadas a los ciudadanos.

Como ejemplo citó la aprobación de una moratoria para que los titulares de una hipoteca que estén en una situación más vulnerable puedan aplazar la mitad de sus cuotas, o la aprobación de un fondo estatal de inversión local por importe de 8.000 millones de euros para combatir el desempleo, “que servirá para aliviar las arcas municipales y, con ello, a las empresas contratistas”.

Asimismo, explicó que para combatir las demoras en los pagos, el Gobierno anticipará el 70% de los importes de los proyectos en el momento de su adjudicación y se le exigirá al contratista que el pago a la subcontrata sea en un plazo inferior a 30 días. 

Por último, Zapatero recordó que el Gobierno ha reforzado “intensamente” la capacidad financiera del Instituto de Crédito Oficial.