La OCDE considera que España tiene que aumentar los impuestos a los carburantes para que el precio tenga mejor en cuenta el coste de las emisiones de carbono, pero puntualiza que para que eso sea asumible socialmente debe ir acompañado de ayudas selectivas para "los más vulnerables".
En su informe anual sobre reformas estructurales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insiste en que hay que elevar el precio que se impone a las emisiones del que es el principal gas de efecto invernadero tanto en el transporte por carretera como en otras actividades.
España es uno de los países de Europa occidental con la fiscalidad más baja sobre los carburantes, sobre todo si se compara con otros como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Bélgica.
Es verdad que con datos de 2018 (un año alejado de la realidad actual, pero el último para el que existen datos comparativos) en España a un 60,7 % de las emisiones de CO2 se las sometía a una imposición de al menos 30 euros por tonelada, cuando la media en la OCDE era del 50,4 %.
Pero también que el peso de la producción de las renovables en el consumo energético del país en el periodo 2019-2021 se limitaba al 15,9 %, cuando la media de la OCDE era del 22,1 % y en los cinco miembros más eficientes el porcentaje subía al 55,5 %.
Acelerar la inversión en eficiencia energética
Los autores de este informe que pretende identificar las reformas estructurales más necesarias para incrementar el crecimiento a largo plazo señalan que los planes de inversión "ya bien desarrollados" en materia de ahorro energético, renovación de edificios y transporte sostenible deberían acelerarse.
En el terreno de la transformación digital, la OCDE recomienda a España que apoye a los centros tecnológicos que llevan a cabo proyectos de investigación en las que están asociadas empresas, en particular pymes, con institutos de investigación.
Las cifras de 2018 (no hay más recientes) son elocuentes: las empresas en España dedicaban a investigación y desarrollo (I+D) en las industrias de la información un 0,1 % de su producto interior bruto (PIB), es decir, la cuarta parte de lo que se consagraba de media en la OCDE. Y 14 veces menos que los cinco países miembros más avanzados en este punto.
La paradoja es que ciertas infraestructuras físicas en España son de las más desarrolladas de toda la organización. En 2021 un 95,9 % de los hogares españoles tenían acceso a internet de banda ancha en casa, frente al 88,2 % de media en la OCDE.
La edición de este año del informe "Going for Growth" se centra con carácter general para todos sus países en cuatro prioridades de reformas estructurales que, a su juicio, pueden estimular el crecimiento económico, mejorar la productividad y disminuir las desigualdades, todo ello "garantizando una transición hacia un futuro descarbonizado".
Trabajadores sin cobertura social
El primero es "mejorar la eficiencia de las ayudas" sociales porque en muchos países una parte importante de los trabajadores, sobre todo los más vulnerables, no tienen cobertura social debido a su situación laboral.
Además, los autores del estudio apuestan por que los sistemas de protección social sean más selectivos para reducir su peso en las finanzas públicas y mejorar su viabilidad.
El segundo objetivo es utilizar de forma más eficiente los recursos, y eso pasa por mejorar la situación de los trabajadores con medidas que incrementen la tasa de actividad (por ejemplo con la formación), pero también por más incitaciones para que las empresas aumenten la inversión y la modernización de su capital y más competencia.
El tercer pilar es sacar partido de la transformación digital con más inversiones en redes de banda ancha y con un mayor acceso a esas redes, así como con un refuerzo del interés que tienen las empresas para adquirir tecnologías digitales.
Sobre la inteligencia artificial y los retos que plantea, la OCDE aconseja cooperación entre las partes implicadas y los poderes públicos, tanto a nivel nacional como internacional, "para garantizar que esas herramientas potentes sean utilizadas en beneficio de todos".
Por último, la organización insiste en que hay que acelerar en el proceso de descarbonización de la economía, y en que eso pasa por instrumentos de incitación, por una tarificación de las emisiones de carbono, reglas para disminuirlas e inversiones verdes.
