El Gobierno ha llevado a cabo la desclasificación "parcial" de documentos sobre el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa Pegasus, tras la petición en este sentido del juez que lleva el caso.
Así lo ha confirmado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que se ha procedido a la "desclasificación parcial para este caso en concreto" que en "ningún caso afecta a la seguridad nacional".
Alegría ha mostrado la disposición del Ejecutivo a colaborar con la justicia "como siempre" han trasladado, recordando a su vez que "los principales interesados en esclarecer esta cuestión" son los miembros del propio Gobierno, que fueron también quienes "pusieron en manos de la Audiencia Nacional" el asunto.
"Actuamos como siempre lo hemos hecho, colaborando al máximo con la justicia y con la transparencia que se nos requiere, en este caso de un juez, de un caso en concreto. Por eso nosotros llevamos a cabo esta desclasificación parcial", ha explicado, recalcando que esta reconsideración de documentos "no afecta a la seguridad nacional".
Para la también titular de Educación, "lo que sí afecta a la seguridad nacional" es "la forma de actuar del principal partido de la oposición", el PP, "que cuando está en el Gobierno utiliza los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos".
Las declaraciones de la portavoz del Gobierno tienen lugar después de que el juez que investiga el uso del software informático de espionaje Pegasus contra 18 líderes independentistas, incluido Aragonès en su etapa como vicepresidente de la Generalitat, pidiera al Ejecutivo la desclasificación de parte de los documentos del caso.
Además, ocurre dos meses después de la imputación de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y de la petición de información por parte del juez al organismo sobre la compra y posible uso del 'spyware' y sobre si tiene en exclusiva las facultades de autorización de su uso en España.
Anteriormente, Aragonès pidió la "máxima colaboración con la justicia por parte de todas las autoridades del Estado" en la investigación del espionaje del que presuntamente fue víctima. También presentó una querella contra la empresa propietaria del software Pegasus y atribuyó al CNI la vigilancia telefónica que sufrió.
