Gil le dijo que el que conocía “ese asunto” era Roca, entonces gerente de la empresa municipal Planeamientos 2000, y que fuese a hablar con él, manifestó ayer Román durante su declaración en calidad de imputado en el juicio del caso Malaya contra la corrupción.
En el encuentro posterior, Román aseguró que Roca le comentó que Gil le había llamado y le había dicho que la sociedad que quería invertir en esa parcela tenía que pagar 240 millones de pesetas (1,44 millones de euros) y que le advirtió: “si os interesa bien y sino, fuera”.
Esta cantidad se debía, según el ex edil, al exceso de aprovechamiento sobre el terreno, aunque después supo que al anterior propietario de la parcela el Ayuntamiento había exigido tan sólo 60 millones de pesetas (unos 360.000 euros) por este concepto.
El procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública, argumentó que la diferencia en esta exigencia económica se debía, según Roca, a que Gil le había dicho que “no quería que nadie le pudiera reprochar tratos de favor” al ex edil.
Según Román, Roca le dijo que el convenio, que permitía aumentar la edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados y construir 114 apartamentos, era legal y que el exceso de aprovechamiento estaba “tasado”.
Pedro Román, que había abandonado la Corporación municipal tres años antes y entonces se dedicaba a la promoción inmobiliaria, aseveró que él no negoció el mencionado convenio, el cual “estaba negociado” de antemano.
Al término de la reunión con Roca, dado que buscaba socios inversores para el negocio, le pidió que le comentara si sabía de alguna sociedad que quisiera participar con un 15%, y Roca le dijo: “me lo apunto”.
Pasados unos días, Roca le llamó y le informó de que había una sociedad que estaba interesada, pero no le aclaró que él estaba en ella, aunque Román afirmó que lo supo posteriormente, pero que no le importó su participación porque este señor tenía todo su “respeto”.
Constituida en octubre de 2001 a través de administradores fiduciarios en Suiza, los inversores de la sociedad Lispag AG eran Román, con un 62,5% de participación, Roca y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, con un 15% cada uno y el abogado Juan German Hoffmann, con un 7,5%, según especificó el procesado en su declaración.
Lispag fue constituida para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús, que después transfirió el 90% de las acciones a dos sociedades propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, también imputado en esta causa.
El convenio urbanístico fue ratificado en 2002 por el Ayuntamiento, que recibió 240.000 euros de la sociedad en concepto de pago parcial por el aprovechamiento de este proyecto que, una vez en marcha, fue impugnado por la Junta y paralizado por orden judicial.
La Fiscalía mantiene que la venta de esta parcela tras un convenio urbanístico acordado el mismo día que se constituía Lispag, reportó a los mencionados acusados beneficios por importe de más de 6 millones de euros.
El lunes, el abogado Juan German Hoffmann, acusado de blanqueo de capitales, señaló a Juan Antonio Roca como integrante de la sociedad que, según la Fiscalía, obtuvo estos beneficios.
No explicó cómo se gestó el convenio debido a que era Román el que se encargaba de llevar las gestiones urbanísticas, aunque éste no le daba cuenta de las mismas, por lo que desconoce con quién trataba.
Aseguró que en aquellas fechas no mantuvo contacto directo con Roca ni con San Agapito, tan sólo con el entonces promotor inmobiliario Pedro Román, que había adelantado el dinero de la participación de los otros dos.
El papel de Hoffmann fue “montar la estructura jurídica de la operación”, mientras que Román se encargó de buscar los medios financieros.
