El PP centra sus ataques en Armengol por su actuación en el caso Koldo

El PP ha centrado este viernes sus ataques sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hasta el punto de pedir su dimisión por su papel en el caso Koldo como presidenta de Baleares, mientras el PSOE la ha defendido al asegurar que siguió "escrupulosamente el procedimiento" en la compra de mascarillas.

Según consta en el sumario del caso, el Govern balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado en pandemia por 3,7 millones de euros, aunque tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

El PP ha dado un paso más este viernes al pedir la dimisión de Armengol ya que, según el portavoz del partido, Borja Semper, las sospechas "son más que fundadas" y "su situación es insostenible", por lo que no debería "llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno".

"La tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles", ha añadido.

Fuentes del entorno de Armengol aseguran a EFE que durante su mandato al frente del Govern balear avaló en 2020 las mascarillas que recibió de la empresa vinculada al caso Koldo porque no eran "fake" y, aunque no llegaban a los estándares de las mascarillas FFP2, eran válidas como mascarillas quirúrgicas.

Por eso, después de comprobar que una parte de las mascarillas recibidas no tenían la calidad esperada, se reclamó la diferencia de precio entre una y otra, y no el total, apuntan las mismas fuentes.

Sin embargo, la nueva presidenta de Baleares, Marga Prohens, del PP, ha dicho que no tienen interés en seguir con esa reclamación por el trámite administrativo, sino penal, con el objetivo de pedir los 3,7 millones de euros porque "todo el contrato es fraudulento".

Ante esta situación, la vicepresidenta del Gobierno y número dos PSOE, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de Armengol, de quien ha dicho que siguió "escrupulosamente el procedimiento", y ha recordado que "el juez no cuestiona que los contratos fueron legales", sino que investiga si "hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas".

Además, ha rebatido que es el PP el que debe dar explicaciones por una conversación en la que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, asegura que había quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con 'Alberto', lo que ha llevado al PSOE a reclamar la comparecencia de Tellado en la comisión de investigación que los socialistas han registrado en el Congreso.

Preguntado por Armengol, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido contundente al afirmar que la voluntad del Gobierno es "que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague" y ha pedido dar tiempo a la investigación judicial en curso.

El caso Koldo se ha convertido en un nuevo frente de ataque del PP hacia el Gobierno, por el daño evidente que está provocando en el PSOE.

Al respecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del Sumar, Yolanda Díaz, no cree que este asunto pueda desestabilizar la legislatura, pero ha reconocido que el momento es "delicado" y ha movido ficha al plantear una batería de medidas en el Congreso, entre ellas la creación de un Consejo de Prevención de la Corrupción.

Por otra parte, en algunas comunidades autónomas empieza a haber iniciativas para tratar de recabar información sobre el caso Koldo.

Por ejemplo, la portavoz del BNG en Galicia, Ana Pontón, ha avanzado que pedirá una auditoría a la Xunta sobre la compra de material sanitario.

Y los diputados del PPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero han interpelado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre su "responsabilidad" en la introducción de Koldo García en el círculo de dirigentes socialistas y ha pedido a la presidenta de Navarra que aporte datos sobre las licitaciones y compras de mascarillas para analizar si esta trama "salpica" a la comunidad.