La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que deje el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que el hecho de que existan "diferentes fuentes de financiación de los contratos" de mascarillas adjudicados a una presunta trama que pagó comisiones "no debe ser obstáculo" para que todo se investigue en España, más aún cuando "no hay indicios" de daño a los intereses financieros de la UE.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Javier Huete solicita al alto tribunal que atribuya la competencia de la causa al Juzgado Central de Instrucción Número 2 y no al órgano comunitario, que había asumido el caso al entender que así le correspondía al haber fondos europeos de por medio en varios de los contratos.
Para el fiscal, "no cabe hablar en el presente caso de indivisibilidad". A su juicio, la investigación del juzgado que dirige Ismael Moreno es "mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que pudiera considerarse directa de la Fiscalía Europea".
Cabe recordar que la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y al menos a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia de la COVID-19.
La Fiscalía defiende que lo que investiga el juez Moreno está "claramente" diferenciado del contrato que la Fiscalía Europea considera como "el instrumento de una posible malversación o fraude". E incide en que "no hay indicio" de malversación alguna porque "los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores" en comparación a otras compras. "Por ello --la malversación-- no fue objeto de la querella inicial", apunta.
Sobre este extremo, explica que la Audiencia Nacional investiga "comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española". Así las cosas, entiende que "debe ser el Juzgado Central de Instrucción el competente para la investigación de todos los contratos".
En este sentido, el fiscal recuerda que la "principal finalidad" de la Fiscalía Europea es la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y recalca que "por el momento no hay indicios de que se hayan visto perjudicados".
Aún así, asegura que la competencia del órgano comunitario "decae cuando la gravedad de los hechos que afectan a los intereses nacionales es superior a la de los intereses financieros de la Unión". En este caso, subraya que "la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos".
Además, apunta que ante la "hipótesis" de un "incierto perjuicio" a dichos intereses "carece de fundamento" que la Audiencia Nacional no pueda investigar los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Y defiende que el hecho de que varios contratos se hayan sufragado con fondos europeos "no implica que exista un perjuicio para los intereses financieros de la UE, en tanto que, hasta el momento, no hay indicio alguno de la comisión del delito de malversación".
Con todo, el fiscal considera que la Audiencia Nacional "está en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar o ejercer la acción penal con relación a los delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales que se hubieran podido cometer". Ello, apunta, "sin perjuicio" de la competencia del órgano comunitario sobre "las infracciones que afecten de forma directa a los intereses financieros de la Unión Europea".
A su juicio, el hecho de que ahora la Fiscalía Europea se quede con el procedimiento "tendría efectos negativos sobre la instrucción". Según defiende, supondría "un retraso en las investigaciones", porque los fiscales europeos delegados y la nueva unidad de policía judicial que se designe tendrían que ponerse al día de todas las diligencias que se han practicado en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía se ha pronunciado ante el Supremo después de que el pasado 24 de junio se diera a conocer que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazaba ceder el 'caso Koldo' a la Fiscalía Europea, que a finales de mayo dijo que asumía el procedimiento al entender que era de su competencia.
Moreno alegó que los delitos que hasta entonces investigaba en su juzgado no perjudicaban los intereses financieros de la Unión y que no estaban "indisociablemente vinculados con los delitos" competencia de la propia Fiscalía.
Así las cosas, planteó una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ahora tendrá que pronunciarse.
