Según el escrito de calificación fiscal los hechos se remontan al año 2005 cuando la acusada, como administradora y representante de una empresa, promovió la construcción de una vivienda unifamiliar de 142,33 metros cuadrados en una parcela en El Puerto. La obra no era legalizable por no ser conforme con el planeamiento urbanístico, al estar enclavada en terrenos clasificados como suelo no urbanizable según el Plan General de Ordenación de la citada localidad vigente durante el año 2005.
Por ello, el Área de Urbanismo del Ayutamiento de la ciudad incoó un expediente y decretó la inmediata suspensión de las obras de construcción que se venían llevando a cabo en la misma, siéndole notificado a la acusada y precintando la vivienda.
No obstante, la acusada con conocimiento de la orden de suspensión y precinto de las obras, según la Fiscalía, procedió a retirar los precintos y a permitir que continuaran los trabajos de construcción en el interior de dicha vivienda por lo que se enfrenta a una sanción judicial.
