El novio de Ayuso insiste en buscar si hay mensajes del fiscal general con Moncloa

El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Supremo que amplíe la investigación en torno a los dispositivos del fiscal general para buscar si hay mensajes relacionados con su causa por presunto fraude fiscal con una asesora de Moncloa y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

La representación letrada del empresario Alberto González Amador ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que pide nuevas diligencias de investigación, entre ellas la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

González Amador es acusación particular en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en torno a la filtración de un correo en el que la defensa del empresario admitía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un pacto con el fiscal.

Después de que la Guardia Civil hallase "0 mensajes" en los dispositivos del fiscal general entre el 8 y 14 de marzo -periodo de análisis fijado por el juez-, el abogado del empresario pide que se amplíe el análisis pericial a todos mensajes relacionados con los hechos que se investigan de "todas las conversaciones" que se hayan mantenido, en su caso, con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera o el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, sin delimitación de tiempo.

También con su sucesor, Ion Antolín, que ha dimitido al frente de la Secretaria de Estado de Comunicación, y con la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas, además de varios periodistas.

En su último informe, la UCO cree que los cuatro primeros habrían tenido conocimiento del correo del abogado del novio de Ayuso "antes de ser publicado en ningún medio".

González Amador también solicita saber cuántas veces ha cambiado el fiscal general de móvil y que entregue los dispositivos que ya no usa, así como pedir información a las compañías telefónicas en torno a las líneas utilizadas por los investigados.