Andalucía se posiciona como la segunda comunidad autónoma con más denuncias por okupación de viviendas en 2024, alcanzando un total de 326 casos entre julio y septiembre. Este dato, proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja el crecimiento de este fenómeno, aunque sigue por detrás de Cataluña, que encabeza el ranking con 366 denuncias en el mismo periodo.

A nivel nacional, las denuncias por okupación han aumentado un 55% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, se registraron 580 procedimientos judiciales, de los cuales más del 60% se concentraron en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, esta última con 334 casos.

Mientras que comunidades como Aragón (16), Cantabria (15), Navarra (7) y La Rioja (5) presentan cifras mucho menores, Madrid, con solo 138 denuncias, destaca por tener un número relativamente bajo de casos pese a su densidad poblacional. Este contraste pone de manifiesto las diferencias regionales en la incidencia del problema.

¿Por qué Andalucía ocupa un lugar tan alto?
El incremento de las denuncias en Andalucía podría deberse a una combinación de factores, como la elevada disponibilidad de segundas residencias, que son un objetivo frecuente para los okupas, y las dificultades legales para gestionar estos casos con rapidez. El tiempo medio para resolver un caso de okupación en los tribunales alcanza los 23 meses a nivel nacional, llegando a superar los 35 meses en algunas comunidades, lo que dificulta la recuperación de los inmuebles por parte de los propietarios.

En respuesta a esta situación, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una enmienda en la Ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, presentada por el PNV. Esta normativa permitirá que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten mediante juicios rápidos, reduciendo los plazos de desahucio a tan solo 15 días. La enmienda fue aprobada con el apoyo del PP, ERC, Bildu y otros partidos, pese a la oposición del PSOE, Sumar y Podemos.

La nueva normativa, que se espera que entre en vigor en los primeros meses de 2025, ya ha sido enviada al Senado, donde la mayoría absoluta del PP augura su aprobación definitiva. Una vez ratificada, el Rey deberá sancionar y promulgar la ley para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).