La extrema gravedad de las arcas municipales, con la caja a cero para lo que resta de año teniendo un presupuesto mínimo de diez millones de euros mensuales, y con unas perspectivas igual de negras para los próximos ejercicios, ha obligado al nuevo Gobierno municipal presidido por María José García Pelayo, a proponer la adopción de una medida drástica que afectará a buena parte de la plantilla municipal, la reducción de las nóminas de todos aquellos trabajadores municipales que ganen más de 25.000 euros al año en los porcentajes que sean necesarios para ahorrar un mínimo de 5 millones de euros anuales a partir del próximo Presupuesto de 2012.

Esta decisión, que ayer tarde se comunicó a los representantes sindicales, no será rígida, sino que será flexible a condicionantes personales de cada trabajador y se centrará sobre aquellas partes del sueldo en las que el Gobierno municipal tiene potestad legal para decidir, es decir, se centrará en los complementos que cobran los empleados, especialmente en el de productividad.

Habrá otras medidas

Del mismo modo que se ha decidido una cantidad mínima que sirva de suelo para aplicar estos recortes, se ha optado por un techo de máximo sueldo, que corresponderá al que la propia alcaldesa tiene fijado siguiendo los criterios de recomendación de la FAMP, por lo que nadie, salvo excepciones personales, podrá cobrar en el Ayuntamiento más de 67.892 euros anuales.

Esta decisión se adopta a la vez que otras medidas en relación con el personal municipal, como el recorte sustancial en el plazo de elaboración y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo municipal (RPT), que deberá ser aprobada por el Pleno. Este trabajo deberá estar hecho en un plazo de entre tres y seis meses. El anuncio de estas medidas fue hecho ayer por la alcaldesa en rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno Local, quien insistió en la flexibilidad tanto del suelo como del techo económico establecido en la propuesta referida.

Consultoría externa

La alcaldesa mencionó varias veces la respuesta dada, al menos en la prensa, por los representantes de los trabajadores, a las cifras económicas municipales y al coste de la plantilla del Ayuntamiento, al entender que ha sido unánime en el sentido de que hay que tomar medidas para reducirlas.

La alcaldesa explicó también que el Gobierno entiende que puede ser necesario algún tipo de apoyo externo para realizar la RPT, por lo que se pondrán en marcha los mecanismos de contratación de una empresa “para garantizar que se cumplan los plazos pero también la legalidad” de las actuaciones que se decidan.

García Pelayo insistió en que su Gobierno se había marcado un mínimo de reducción del presupuesto del Capítulo I en los ya referidos 5 millones de euros pero que si era posible se avanzaría más en esa cantidad en la negociación de la RPT y la propia legislación vigente.

La alcaldesa especificó que ese sería un límite a tener en cuenta para no plantear cuestiones que, después, jurídicamente, puedan ser discutibles por parte de los jueces.

Además, comentó que no sería ésta la única medida a adoptar refiriéndose a otras medidas “que se irán anunciando” sin especificar ni cuáles, ni cuándo, pero insistiendo en que una medida aislada como la referida no es la solución al problema económico del Ayuntamiento.

Ningún banco quiere prestar dinero a Jerez

En la narración de cómo está económicamente el Ayuntamiento de Jerez, la alcaldesa no tuvo reparos en afirmar que era “extrema”, por cuanto que en estos momentos se ha visto en la necesidad de hablar con los presidentes de las entidades financieras -a nivel nacional- para intentar conseguir operaciones de tesorería de cifras tan pequeñas como dos millones de euros.

García Pelayo subrayó que no solo están agotados los ingresos de este año, sino que quedando una única operación de tesorería posible al amparo de lo que la ley permite, que es por 6.700.000 euros “no hay ningunas entidad financiera” que quiera hacer en solitario dicha operación “y hemos tenido que trocear esos seis millones de euros en paquetes de dos millones doscientos mil euros” para pedirlo a tres bancos diferentes.

La alcaldesa enfatizó que el problema no era tanto esa cantidad concreta, sino que mensualmente se necesitan diez millones de euros “para funcionar mínimamente y lo que tenemos son seis millones para lo que resta de año”.

Pelayo advirtió que el problema estaba a partir de este momento no en que los bancos quieran o no prestar más dinero, sino en que el Ayuntamiento ha tocado el techo de lo que puede pedir legalmente.—cerrar el Ayuntamiento—Por todo ello y tras reiterar lo “extremo” de la situación, justificó que la misma obligue a tomar decisiones “complejas” pero a las que está “obligados”, porque “la otra alternativa es cerrar el Ayuntamiento y dejar la llave, algo que no vamos a hacer nunca”, explicó.

La alcaldesa añadió que solo era posible trabajar con planteamientos “serios y rigurosos” aunque las decisiones que haya que tomar sean del corte de las anunciadas, “porque no queda otra opción”.La alcaldesa reiteró en más de una ocasión que los dos criterios que regirán cualquiera de las propuestas que se hagan de recortes serán, de un lado, que cumplan la legislación vigente para no tener problemas judiciales posteriormente y en segundo lugar que no sean soluciones transitorias, sino definitivas para no parchear y dar la patada adelante al problema.

El bloqueo de la PIE impide un crédito ICO

La alcaldesa explico ayer, también en materia económica, que habiendo tenido conocimiento de que por parte del Gobierno de España se iba a posibilitar a los ayuntamientos una operación de financiación con el ICO, el delegado de Economía, Enrique Espinosa, solicitó a la Intervención municipal la posibilidad de acogerse a ella.

El problema está en que esa operación está vinculada a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), algo que el Ayuntamiento tiene retenido por la deuda con la Seguridad Social y Hacienda. Por eso, la semana pasada se iniciaron los contactos con ambas entidades para poder firmar un convenio que desbloquee esta situación, que podrían culminar la semana que viene en Madrid. De ser así, se podría acceder a dicha operación que permitiría recibir el 25% de la PIE, lo que equivale a unos 10 millones de euros anuales, con los que habría que hacer frente a las obligaciones de pago pendientes de reconocimiento, que para ese fin es para el que se ha diseñado esa operación con el ICO.

En el caso de Jerez, la cifra de obligaciones pendientes sería de unos 400 millones de euros, que serían (las empresas afectadas) las que se podrían beneficiar de esta medida económica aprobada por el Gobierno y publicada en BOE.