En un comunicado, la concejala socialista Dolores Herrera ha señalado "es obligación de Fernández de Moya buscar una solución para atajar este conflicto". Así, ha continuado diciendo que "el alcalde se está convirtiendo en un experto en echar balones fuera, pues, cuando tuvo lugar la primera huelga en septiembre, culpó a la Junta y en esta ocasión acusa a la empresa Macrosad del problema".
Para los socialistas, es el alcalde y el equipo de Gobierno municipal los que deben "buscar una salida justa a este conflicto, que atañe de una manera directa a 250 trabajadoras que prestan el servicio y a 700 mayores y dependientes que ahora se ven desprovistos de este servicio público". "No entendemos la forma de gestionar del Partido Popular, ya que una vez más pone de manifiesto el desinterés por las políticas sociales y la Ley de Dependencia".
Como ha recordado Herrera, el pasado mes de enero "solventó dos crisis, una con FCC con cuatro millones de euros y otra con Castillo, empresa a la que pagó alrededor de 500.000 euros". Por ello, se pregunta "por qué Fernández de Moya no hace lo mismo con esta empresa pagando, sino toda, sí al menos parte de la deuda".
Según ha concluido la edil del PSOE, "el Ayuntamiento solo paga a la empresa la aportación que recibe por parte de la Junta de Andalucía, pero no la aportación del Plan Concertado, ni la aportación que paga cada usuario mensualmente".
