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Sábado 29/06/2024  

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá desempeña su trabajo en la Junta un puesto que no existe, según el CSIF

El sindicato denuncia "el trato de favor" de la Administración autonómica a este ex alto cargo , actualmente imputado por los ERE fraudulentos,

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el trato de favor que la Junta de Andalucía ha dispensado a un ex alto cargo del Gobierno autonómico, al otorgarle un puesto que no existe en el organigrama de la Delegación provincial del Gobierno de la Junta en Cádiz. CSIF, en su escrito presentado ante la Dirección General de Función Pública y Recursos Humanos, expone que la relación de puestos de trabajo de dicha Delegación provincial (RPT) no tiene registrado ningún puesto de ‘coordinador de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales’. Y es precisamente este cargo el que ha asumido Agustín Barberá, quien fuera viceconsejero de Empleo de la Junta y que está actualmente imputado en el caso de los ERE fraudulentos que salpican al Gobierno andaluz.

Según la RPT de esa delegación, sólo existen dos técnicos de prevención de riesgos laborales, que dependen directamente del Secretario General, quedando demostrado que no existe oficialmente el cargo de coordinador de esta unidad.

Para CSIF todo esto es un ejemplo más de la discriminación que sufren miles de funcionarios y opositores de toda Andalucía, frente a los favores que reciben los afines al Gobierno de la Junta durante tantos años. Mientras esta persona consigue un puesto al margen de la ley, creado especialmente para él, sin convocatoria pública, saltándose todos los cauces legales oportunos, los funcionarios que quieren obtener una mejor plaza en su carrera administrativa o buscar la reagrupación familiar, han de concurrir a procesos competitivos, que por otra parte, ahora mismo no pueden hacer puesto que todas las convocatorias de concurso de traslados están paralizadas por la Junta de Andalucía.

CSIF, en su requerimiento presentado ante la Dirección General de Función Pública y Recursos Humanos de la Junta, solicita el cese inmediato de esta ilegalidad.

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