La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta ha reclamado al gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía distinta documentación en torno al informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011, a fin de "borrar" cualquier "sombra de duda" sobre dicho informe.
En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya requiere a dicho gabinete jurídico para que, "a la mayor brevedad posible", aporte la documentación interesada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, como es, en primer lugar, una "copia de los trabajos de campo" realizados por el equipo técnico "en relación a cada uno de los expedientes que integraban la muestra seleccionada del total de los mismos, incluyendo las conclusiones y los memorandos de trabajo redactados por los técnicos de auditoría".
Asimismo, y atendiendo a las conclusiones provisionales que se recogen en el apartado 'Procedimiento de ejecución presupuestaria' del primer borrador del informe "para revisión del consejero", de fecha 16 de mayo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla reclama a la Cámara de Cuentas que aporte las conclusiones y los memorandos de trabajo redactados por los técnicos de auditoría.
La instructora señala que, una vez se reciba la anterior documentación, resolverá sobre la solicitud realizada por el Ministerio Público a fin de que declaren en sede judicial los componente del equipo técnico referido.
A juicio de la juez, esta documentación es necesaria "ante el avance de la investigación" y "especialmente" tras la declaración en sede judicial del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y las alegaciones formuladas por la abogada de una imputada "sobre la legalidad del procedimiento ante el presunto conocimiento por parte de la Cámara de Cuentas de la existencia de las transferencias de financiación".
La juez indica que, una vez se ha dado traslado del informe de fiscalización a las partes personadas, Anticorrupción ha pedido una serie de documentación complementaria --como los documentos referidos--, lo que ha sido "criticado" en un escrito por la representación legal de la Junta, que alega "falta de motivación" en su solicitud.
No obstante, Alaya deja claro que "es a esta instructora a quien corresponde valorar esta motivación, y es claro que el mencionado informe es de suma importancia para la presente causa", deduciéndose "de su propia lectura determinadas actuaciones que no deben permanecer ocultas ni a esta instrucción ni a las partes, considerando necesario disponer de toda la información que proceda".
Más aún, prosigue la magistrada, "teniendo en cuenta que, con posterioridad, se ha recibido oficio" de la letrada jefe del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas remitiendo un acta de 23 de mayo de 2012 que, "por error, no se envió a ese juzgado con nuestro escrito de 4 de diciembre de 2012".
"NO PUEDE ENTENDERSE LA PARTE SIN EL TODO"
Este "error" fue "aseverado" por la acusación que ejerce el PP, que "incluso ha alegado que no ha sido remitido el expediente de fiscalización completo y que no es cierto que se haya enviado toda la documentación aportada por la representación técnica de este informe, tal y como afirma la representación legal de la Junta en su escrito de 4 de diciembre de 2012".
"Borrar esta sombra de duda sobre el informe de fiscalización es motivo más que suficiente para acceder a lo solicitado por el fiscal", zanja la instructora, que también recuerda que la Junta ha tachado de imprecisión técnico-jurídica el término 'trabajo de campo' incluido en la petición realizada por el Ministerio Público, pero la juez deja claro que este término "se repite a lo largo del manual de procedimientos de la Cámara de Cuentas, a cuya luz deben ser aportados todos y cada uno de los documentos solicitados por el fiscal, sin necesidad de concretar, pues es difícil acotar cuando no se conoce el contenido".
"Y ello utilizando la misma frase que la representación legal de la Junta en su escrito, como es que 'no puede entenderse la parte sin el todo'", afirma la magistrada en el auto consultado por Europa Press.
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN
En el auto, la juez requiere también a la Cámara de Cuentas "para que describa los procedimientos seguidos para la aprobación de la cuenta general de cada año, con especial referencia a los trabajos que se hayan realizado sobre el programa presupuestario 31.L --conocido como 'fondo de reptiles'-- de la Consejería de Empleo desde el ejercicio 2000 hasta el 2010".
Asimismo, pide a la Intervención General de la Junta, "y no a la Cámara de Cuentas', que remita "de la cuenta general de los ejercicios citados el presupuesto de gasto por programas, el apartado relativo al programa 31.L, anteriormente 22.E".
En este sentido, la juez Mercedes Alaya requiere a la Cámara de Cuentas "para que se pronuncie mediante certificación expresa si, tras analizar cada una de las memorias de la cuenta general correspondiente al programa 31.L., en alguna ocasión fue advertida tacha de ilegalidad sobre la financiación del mismo".
Por último, solicita a la Cámara que informe al Juzgado sobre si, en relación a los informes de fiscalización que la misma elabora, "se han realizado informes específicos sobre el programa 31.L o sobre las transferencias de financiación".
