Según dijeron a la agencia de noticias Efe varios de los ex-consejeros afectados, la apertura de los expedientes afecta a los que fueron miembros de los consejos de administración en Caja Castilla La Mancha desde el año 2005 hasta que la entidad fue intervenida el pasado día 28 del mes de marzo por el Banco de España (BE) y que podrían ser sancionados, en el caso de falta “muy grave”, con hasta diez años de inhabilitación y 150.000 euros de multa.
Los expedientes también afectan a los tres consejeros que habían presentado su dimisión antes de la intervención, es decir, Jesús Bárcenas (presidente de la Cepyme y presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha) y los que dejaron el puesto a petición de la dirección regional del Partido Popular, Rosa Romero (alcaldesa de Ciudad Real) y Emilio Sanz, aunque no a sus sustitutos (Francisco Galán, Emilio Loriente y Ángel Nicolás).
