El entramado de agencias, fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles que la Junta de Andalucía ha tejido durante las últimas décadas en torno a sus consejerías parece gozar de buena salud. Esa red que la documentación oficial suele cobijar bajo el paraguas global de los “entes instrumentales” ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años al interpretar la oposición, con especial virulencia el Partido Popular, que su diseño ocultaba dos objetivos a cual más reprobable: abrir la puerta a la colocación de miles de afines al PSOE sin oposición ni prueba selectiva previa y, en paralelo, alimentar una maquinaria administrativa capaz de regatear la legalidad al sortear, con sus estatutos propios, la fiscalización más estricta a la que están sujetas las consejerías de la Junta.
Pese al aluvión de críticas, el Tribunal Constitucional desestimó el pasado noviembre el recurso del PP contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía de 2011, bautizada por la oposición como “ley del enchufismo” y encaminada, según sus detractores, a entre otras metas vaciar de funciones a la Administración tradicional en beneficio de los entes instrumentales, donde los controles se relajan y a los políticos les es más fácil hacer y deshacer, como parecen ratificar los escándalos ahora dirimidos en los juzgados en torno a la Agencia IDEA en casos como los ERE o los avales concedidos a empresas.
Aquella profunda reforma interna que el Constitucional avaló hace apenas unos meses arroja síntomas de cambios en la gestión diaria de la Junta de Andalucía. Por ejemplo en la tramitación y adjudicación de ese botín suculento que son los contratos que cada año moviliza la Administración autonómica. La memoria de 2014, la última disponible a la espera de la publicación de la del pasado año, revela que durante ese ejercicio las entidades instrumentales, públicas y privadas, gestionaron el 87% de los algo más de 79.000 contratos autorizados por el Gobierno regional. En total, 1.584 millones de euros. El poder acaparador de la Administración paralela en esa parcela se confirma si ese porcentaje se compara con el de 2012: por entonces sólo controlaba un 55% de los contratos mientras que las consejerías gestionaban el 45% restante. Dos años después, éstas se conformaban con tramitar tan sólo el 13% del total.
Dudas y críticas
El rechazo de la oposición al creciente poder de las agencias y del resto de entes instrumentales entró incluso de lleno, aunque de forma descafeinada, en el acuerdo de investidura por el que C’s allanó el camino de Susana Díaz para conservar el Palacio de San Telmo. La condición de reducirlos, incluida luego entre las exigencias para dar el visto bueno a los Presupuestos de este año, quedó limitada luego a la eliminación de una veintena de entes en teoría suprimidos pero cuya extinción en la práctica se limitó a la integración de su personal en el Servicio Andaluz de Empleo, como ocurrió con el polémico trasvase de las escuelas de hostelería de Málaga y el resto de consorcios andaluces.
La crítica más contundente ha llegado en los últimos años del máximo órgano fiscalizador de Andalucía, la Cámara de Cuentas. En los exámenes anuales de las cuentas generales de la comunidad el organismo suele incidir en la opacidad con la que actúa la Administración paralela. En las adjudicaciones, por ejemplo, ha censurado el “abuso” de los contratos menores o el troceo de éstos en entes como el SAS o el SAE para sortear así la obligación legal de darles máxima publicidad.
El SAS, la joya de la corona...
El peso de la sanidad en el Presupuesto de la Junta se traduce en una abrumadora gestión de contratos en esa parcela administrativa. Sólo el SAS autorizó en 2014 casi 54.500 adjudicaciones por valor de 1.132 millones, una gigantesca porción de los 1.973 millones que contabilizó toda la Junta. La por entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la que se integraba el SAS, movilizó apenas 35 millones.
