La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de una investigación en profundidad para aclarar si las exenciones del impuesto de sociedades que conceden Francia y Bélgica a las empresas que operan en sus puertos cumplen la normativa europea o suponen ayudas públicas ilegales.
Bruselas quiere asegurarse de que este beneficio fiscal no supone una ventaja para el sector en estos dos países, frente a los competidores en otros Estados miembros.
En el caso belga, el Ejecutivo comunitario investiga el régimen de tasas diferenciadas que se aplica en los puertos marítimos y fluviales, incluidos el de Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lieja y Ostende, ya que el impuesto que se aplica a las actividades comerciales en estos lugares es "globalmente inferior" al que se impone a otras empresas en Bélgica.
En Francia, la Comisión vigila el hecho de que la mayoría de puertos, incluidos los once "grandes puertos marítimos", que incluyen Burdeos, La Rochelle, Marsella, Nantes y las islas ultraperiféricas, y el de París estén totalmente exentos del pago del impuesto de sociedades.
El pasado mes de enero, Bruselas ya pidió a estos dos países que adaptaran su legislación fiscal a las normas europeas, pero ambos rechazaron la propuesta comunitaria, lo que ha motivado la apertura de la investigación detallada.
"Los puertos juegan un papel esencial en la economía de la UE y las normas permiten a los países ayudar en la construcción y modernización de las infraestructuras con apoyos a la inversión, pero no se admiten exoneraciones fiscales que falseen la competencia con ventajas desleales", ha advertido la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
El Ejecutivo comunitario sostiene que la explotación comercial de los puertos en cuanto al transporte de pasajeros y mercancías y la oferta de infraestructuras para operadores marítimos, astilleros y otras empresas debe estar sometida al pago del impuesto de sociedades, en las mismas condiciones que otros sectores.
Otras actividades ligadas a tareas esenciales del Estado, como la seguridad y la supervisión y control del tráfico portuario sí quedan fuera de la aplicación de las reglas en materia de ayudas públicas.
