Creen que la actual tarjeta que emite la Consejería de Igualdad y Bienestar Social es “completamente válida para la ciudad de Cádiz o para cualquier otra ciudad”.
Agasi afirmó que es “necesario” que los ayuntamientos “tomen las medidas adecuadas” para “evitar el fraude”, así como también el cumplimiento de las normativas actuales sobre accesibilidad y del Código Técnico de Edificaciones. “Tenemos que tener en cuenta la normativa actual y la Ley 51/2003, realizada por el Gobierno del PP, que nos habla sobre la igualdad, ya que esta ordenanza es posible que vaya en contra de dicha ley. Se considera importante tomar otras medidas de inserción”, añadieron.
La asociación incidió en que si persisten las ordenanzas, “se deben presentar a los colectivos de discapacitados para poder realizar modificaciones y examinarlo” en el Consejo de la Discapacidad de Cádiz, que “desde el mes de marzo de 2007 no se reúne”. Se espera una reflexión del Consistorio.