Francisco Javier Guerrero, el peculiar exdirector general de Trabajo de la Junta convertido en ese cruce de caminos en el que converge buena parte de la trama de los ERE, y su chófer, Juan Francisco Trujillo, se acercan a pasos agigantados ya hacia el banquillo tras este miércoles juicio oral en su contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Al primero le impone además una fianza de 1,9 millones, 200.000 euros por debajo de los 2,1 millones que reclama a quien fuera conductor de su coche oficial. Ambos tendrán que responder de los cuatro expedientes ficticios de regulación de empleo que autorizó el primero pero que en la práctica dejaron en manos de Trujillo hasta 1,47 millones que éste acabaría desviando para la adquisición de cocaína, antigüedades, fincas o alcohol.
Sobre ellos pesa ahora un ramillete de supuestos delitos, desde malversación, prevaricación y tráfico de influencias hasta la asociación ilícita con la que habrían desviado los fondos o falsedad en documento oficial. El auto difundido por el TSJA salpica también a sus presuntos colaboradores en la trama: a Isidoro Ruz Espigares, quien fuera responsable de una de las empresas simuladas de Trujillo; a Antonio Albarracín, que también habría colaborado como alto cargo de la aseguradora Vitalia, e incluso a Juana Gallego Rico, esposa del chófer de Guerrero por haber sacado tajada de las ayudas irregulares.
Todos tendrán cita en unos meses en la Audiencia Provincial. Guerrero, por ejemplo, se enfrenta sólo por este capítulo de los ERE a 14 años de prisión, a otros 30 de inhabilitación y a la devolución, de la mano de Trujillo, de los 1,47 millones que desviaron para disfrute de ambos. Sobre Ruz y Albarracín pese la amenaza de 6 años.
El relato que de los hechos ya hizo en su día la Fiscalía es uno de los pasajes más esclarecedores de lo que llegó a cocinarse en la trama de los ERE. Guerrero y su chófer sacaron de la nada empresas cuyo finalidad, entiende el Ministerio Público, no era generar ninguna actividad sino simplemente ser receptoras de ayudas de la Junta que en teoría debían financiar proyectos pero acabarían costeando gastos particulares. Las cantidades salían de la ya famosa partida 31L, el conocido fondo de reptiles de la Junta. Así nacieron, por ejemplo, los entramados de Lógica Estratégica Empresarial o Iniciativas Turísticas de Sierra Morena.
La Fiscalía detectó en su informe que esas empresas ni siquiera llegaron a pedir jamás las ayudas formalmente, pero Guerrero se las concedía sin justificación alguna. El dinero se libraba y luego se lo repartían los implicados. Primero fueron 450.000 euros y luego otros 900.000, todo con cargo a fondos públicos y en torno al año 2004.
Sin documentación
El antiguo IFA, luego Agencia IDEA, libraba los pagos a petición de la Dirección General de Trabajo regateando todo el procedimiento. Las empresas de Guerrero y Trujillo no sólo no presentaban solicitudes sino que no había proyecto que justificase las subvenciones, ni planes de viabilidad. En una de las partidas animaron a Isidoro Ruz a convertirse de la noche a la mañana en promotor de una supuesta granja para la cría avícola, Ave Nueva SL. Recibió la ayuda con firma de Guerrero, pero sin mediar siquiera una resolución que justificase su carácter excepcional. La Fiscalía cree también probado que Intervención no supervisó los pagos ni el uso que finalmente se dio al dinero. Las conclusiones son demoledoras: ni las empresas tuvieron actividad ni se contrató a personal. Las ayudas se esfumaron.
Señalado en todas las tramas
Francisco Javier Guerrero tendrá un carrusel de citas judiciales cuando arranquen los juicios del caso ERE. Además de la apertura del juicio oral que se le comunicó este miércoles aparece, por ejemplo, en la pieza de las sobrecomisiones que costaron a las arcas públicas más de 66 millones. O en la pieza de Surcolor, la segunda cerrada. En todas las ramificaciones figura su nombre por ser quien estampaba las firmas.
