La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ha dictado un nuevo auto en el que insta a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia a investigar a los responsables de la empresa Magrudis por un posible delito de alzamiento de bienes.

La jueza ha solicitado investigar las actividades económicas y los bienes de diez empresas y nueve personas de la compañía cárnica "que pudieran estar realizando labores de testaferro".

Este auto se suma a la investigación de la causa por la que permanecen en prisión provisional sin fianza el considerado "administrador de hecho" de la trama, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU. El hijo pequeño, Mario, que figura como propietario y administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SLU, quedó en libertad provisional con cargos.

Así, en el auto con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables". Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que "paralizaron su actividad tras acumular deudas".

Además, siempre según Facua, la magistrada ha señalado que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL. El 23 de agosto también se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, "información que fue ocultada por los responsables de Magrudis".

"Se deduce que con la creación de todas las entidades indicadas se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno", expone el auto.

Por ello, la jueza ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro".

La citada oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

En este sentido, Facua ha indicado que averiguó la semana pasada que un hermano de José Antonio Marín Ponce figura como administrador único de una empresa cárnica sin registro sanitario, Bellota Finca Santa Marta SL. Por ello, solicitará a la titular que incluya también en la investigación a la citada sociedad y a Pedro Marín Ponce, máxime teniendo en cuenta que la Guardia Civil concluyó que este hermano participa en el entramado Magrudis.

"TRAMA ORGANIZADA"

En este sentido, la magistrada ha apuntado en el auto que de la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce que "podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos".

"Incluso la última entidad, Magrudis SL, colocó en la cadena comercial de alimentos para personas, carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo que se hace necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible", recoge el documento.