¿Qué es una tarjeta revolving? Es un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las compras o disposiciones de efectivo que se realizan con ella, quedan aplazadas automáticamente. Las tarjetas revolving solo permiten aplazar las compras en las cuotas que elija el usuario de la tarjeta (por ejemplo una cuota mensual fija o un porcentaje de la deuda pendiente), lo que conlleva una serie de intereses que vendrán especificados en el contrato de la tarjeta.
El 68% de los afectados por una tarjeta revolving o microcrédito no quería contratar este tipo de créditos. La mayoría de ellos no solicitaron este tipo de productos y ahora sufren las consecuencias de sus abusivos tipos de interés.
Recientemente están muy de actualidad este tipo de tarjetas puesto que los juzgados están condenando a las entidades por la mala comercialización de las mismas y por usura, ya que incluían intereses altos y desproporcionados. Todo nace a partir de una sentencia del Tribunal Supremo en 2015 en la que declaró nula la línea de crédito de una de estas tarjetas por "usuraria", indicando que el porcentaje que debía aplicarse para determinar si el interés pactado era superior al normal del dinero, no era el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE). Para determinar si dicho porcentaje TAE constituye un interés notablemente superior al normal del dinero, debe compararse con el que se contemple en las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tiene que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. Esta sentencia fue dictada por el Pleno y sentó doctrina. Después de ello son muchos los juzgados de primera instancia y audiencias provinciales que han seguido dicho criterio, permitiendo a los consumidores recuperar los intereses cobrados de más indebidamente.
Antes de verano estaba previsto que el Tribunal Supremo se reuniera de nuevo para ver un asunto de este tipo de tarjetas pero el demandante se desistió al alcanzar un acuerdo, por lo que se puede concluir que las entidades no quieren que el Tribunal Supremo falle de nuevo y clarifique el asunto, dejando firmes muchas sentencias condenatorias.
