Hasta 20 municipios de la provincia de Málaga, entre ellos de las comarcas de Antequera, Guadalteba y Nororma se han sumado al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con el que se comprometen a la puesta en marcha de una oficina provincial de asesoramiento intermediación y protección para combatir los desahucios.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortes, ha firmado este acuerdo con los alcaldes de los ayuntamientos de Alameda, Archidona, Ardales, Campillos, Cuevas de San Marcos, Humilladero, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia; que se unen de esta manera al acuerdo ya rubricado en septiembre de 2012 por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).
Los consistorios, ofrecerán este servicio a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y también se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Asimismo, facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos, que tendrán una vigencia de cuatro años prorrogables, contemplan la constitución de una comisión de seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo.
Tras la firma, Cortés ha destacado que estos municipios “demuestran su compromiso claro con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que ya desde la ONU se advierte de que se está pisoteando sistemáticamente en España, donde demasiados andaluces han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo”.
Asimismo, la titular de Fomento y Vivienda ha precisado que aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, “o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas”, sí está haciendo un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias “para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas”. Además, ha subrayado que “en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda”.
