Si ya resulta complicado en Cádiz llegar al SMI de 1.126 euros en doce pagas (965 euros en 14) que estipuló el Gobierno el pasado mes de septiembre, más difícil es encontrar un piso de alquiler por la tercera parte de esa cantidad. Según los expertos en economía no deberíamos destinar más del 30% de nuestro sueldo a sufragar este gasto. Pero lo cierto es que la vivienda es una de las patas cojas de esta ciudad —y de otras muchas— desde hace años. Una pata que se queda aún más corta tras los efectos de la crisis del coronavirus.
Si ya es complicado irte con un sólo sueldo a vivir sola, imagínate cuando tienes hijos”El pacto del Ejecutivo en esta materia anunciado hace apenas una semana pretende poner, sino fin, al menos freno a la desbordante deriva del mercado inmobiliario. La nueva Ley de Vivienda, que aún está por aprobar en el Consejo de Ministros, supondrá una regulación para grandes propietarios, que perderían los privilegios fiscales, mientras incentivaría a los pequeños. También traerá de la mano la creación de un bono joven para menores de 35 años con rentas o ingresos inferiores a los 23.000 euros anuales. Y ahí está el verdadero quid de la cuestión. ¿Cuántos jóvenes alcanzan esos ingresos? En Cádiz no muchos. La precariedad laboral está a la orden del día y sobre todo para los trabajadores que se mueven en ese rango de edad.
“Llevo meses buscando un piso que pueda permitirme, pero con lo que gano ahora mismo no me llega por más que intente estirarlo”, nos cuenta M. O., madre soltera y camarera de 32 años. Antes de la pandemia vivía con su hija en un piso de alquiler en una barriada de extramuros. Pero con la llegada de la crisis sanitaria sus ingresos disminuyeron hasta casi desaparecer. “Estuve en Erte, pero lo que me correspondía por las horas que estaba dada de alta, que no eran las que realmente echaba y cobraba antes, no podía seguir pagando el alquiler”. Por ello esta joven gaditana se vio obligada a volver a casa de sus padres junto a su hija. Ahora, que ha vuelto a recuperar el trabajo, "aunque en mi contrato no figure la jornada de verdad", no encuentra casa para recuperar su independencia. “Si ya es casi imposible irte con un sólo sueldo a vivir sola, imagínate cuando tienes hijos. Es muy desesperante”, confiesa.
Actualmente según Idealista, uno de los portales con mayor oferta de arrendamiento y venta de la red, en la capital gaditana hay 178 pisos de alquiler. En Fotocasa la cifra desciende a 136. De todos, ninguno de ellos cuesta ese tercio del SMI, que estaría en 375 euros. De hecho, tan solo hay dos que no sobrepasan los 400. El más asequible de dos dormitorios ronda los 500 euros, es decir, casi la mitad de ese SMI (más de la mitad del sueldo real de muchos trabajadores).
Por si no fuera poco, a la escasez de casas hay que sumar el gran porcentaje de ellas que se alquila sólo estacionalmente. “Para profesores”, “especial para estudiantes”, “solo de septiembre a junio”. En algunas ocasiones se trata de segundas residencias de los propietarios; en otras, sin embargo, no son más que una fórmula de especulación. La turistificación y sus efectos adversos. Se puede sacar el triple o el cuádruple en tan solo julio y agosto que si se mantiene un alquiler de larga duración. Beneficios del libre mercado y la propiedad privada que acaban interfiriendo con las necesidades sociales.
Desde Fotocasa creen que “la solución más eficaz para evitar subidas abusivas en el precio del alquiler pasa por ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda social de alquiler”. Anaïs López, directora de comunicaciónn de este portal, señalan que “esto incrementaría la oferta, siendo una medida que beneficiaría la contención de los precios y el enfriamiento del mercado cuando fuese necesario por parte de la administración”. A esto añade “un aumento de medidas incentivadoras para incitar a los propietarios a que pongan sus inmuebles en el mercado de las rentas”. Este es otro —uno más— de los problemas: la gran cantidad de inmuebles en desuso. Miles de pisos vacíos pertenecientes a propietarios, particulares o sociedades.
Tanto el SMI como la Ley de Vivienda no son más que buenas intenciones que caen en saco roto. Lo primero, porque el empresario siempre encuentra la fórmula para no llegar a la cantidad estipulada. La segunda, porque en última instancia dependerá de las autonomías y aún antes de que haya nacido ya más de la mitad del país (todas aquellas comunidades gobernadas por gobiernos del Partido Popular) se han opuesto a su aplicación. El propio presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha rechazado “cualquier tipo de imposición e intervencionismo para solucionar el problema de la vivienda”. Además, ha apostado por otorgar “mayor seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas frente a cualquier circunstancia”. Por lo tanto, todo apunta a que la efectividad real de las reformas y modificaciones de carácter social tardarán en llegar.
