El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, solicitó en la jornada de ayer que la reforma del Código Penal, cuyo periodo de enmiendas concluye hoy en el Senado, incluya como delito la apología de la bulimia y la anorexia para poder cerrar por orden judicial páginas de Internet que promueven entre los menores este tipo de conductas.

“Estas páginas tienen una incidencia decisiva en los menores”, aseveró Canalda en su intervención en la conferencia El Papel de Internet en la Educación de los Jóvenes, en la que participaron el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Santiago Abascal, y el administrador de la Comisión Europea, Leonardo Cervera.

Canalda indicó que el organismo que dirige realizó una serie de consideraciones al texto legal del Congreso de los Diputados para incluir en la reforma la tipificación de la apología de la bulimia y la anorexia, al igual que hay un tipo legal que pena a los que promueven la pederastia. “Hoy en día no hay herramienta legal para cerrar este tipo de páginas y hay que bordear la Ley en muchas ocasiones”, apuntó.

Por otro lado, el Defensor del Menor insistió en la necesidad de que los padres y las instituciones eduquen a los menores en valores, puesto que “el niño que respeta en el mundo real, lo hará también en el mundo virtual”.

“Nos encontramos ante una realidad que nos coloca en una situación de desventaja con respecto a nuestros hijos”, recalcó Canalda, quien reseñó que para educar en Internet todos tienen que tirar del carro en la misma dirección.

Asimismo, Santiago Abascal aseguró que “los adolescentes y los niños tienen al alcance de un sólo clic un montón de información que pueden suponer riesgos incontables de diversa índole”.

“Ni la legislación ni las normativas deben ser algo estático porque Internet cambia con gran rapidez”, señaló.
Por su parte, Leonardo Cervera, autor del libro titulado Lo que hacen los hijos en internet, insistió en que los contenidos de la red pueden llegar a ser muy peligrosos e incidió en que los menores se encuentran desprotegidos porque están en las mismas condiciones de los adultos al no controlarse la edad.