La comisión, que se ha constituido en el Palacio de la Moncloa, está presidida por el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y de ella forman parte diez personalidades internacionales más, entre ellas, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.
El objetivo de este grupo de trabajo es lograr en el año 2015 una moratoria de esta pena por parte de todos los países que aún la mantienen.
“La pena de muerte no es una pena, es un espanto”, ha recalcado Zapatero, quien ha considerado que hasta que no se consiga su erradicación no se habrá logrado la extensión total de los derechos humanos.
En ese contexto, ha explicado que el año elegido, el 2015, es el fijado por Naciones Unidas para el cumplimiento de los denominados Objetivos del Milenio.
En ese momento, ha aprovechado para recordar que la defensa de los derechos humanos, así como la lucha en favor de la paz y contra el hambre y la miseria son pilares de la política exterior española. “Son la mejor cara de la España contemporánea”.
Ha garantizado el total respaldo de su Gobierno a los trabajos de la comisión y ha explicado que va a ser operativa y va a tener objetivos concretos tanto de abolición como de moratoria.
En esa línea, Zapatero ha pedido a los integrantes de la comisión que una de sus primeras tareas sea interesarse por la situación existente en Guatemala, donde en el año 2008 se restituyó la pena de muerte.
El presidente del Gobierno ha destacado la “experiencia y sabiduría” de los integrantes de la comisión, a los que ha calificado de “auténticos maestros en la defensa de los derechos humanos”.
Por su parte, Mayor Zaragoza ha elogiado la decisión del Gobierno español de impulsar una comisión de estas características y ha recordado que 58 países mantienen aún vigente la pena capital, por lo que no se puede estar satisfechos con la abolición que existe ya en otros 139.
Ha garantizado que el grupo de trabajo actuará de forma independiente, pero, a la vez, será complementaria de la tarea que desarrollan organizaciones no gubernamentales, la ONU y otros gobiernos.
Ha dicho que intentará conseguir resultados concretos tanto en la suspensión de penas ya impuestas como en la supresión de las ejecuciones. en las legislaciones de los países.
