Desde primera hora de la mañana de este jueves y desde varias ciudades, partían hacia Sevilla en autobuses y en coches privados gran parte de la plantilla que en Andalucía tiene la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA, repartida en sus seis centros hospitalarios, cuatro en la provincia de Cádiz, uno en Huelva y otro en Málaga. Junto a los trabajadores también partieron familiares, vecinos, políticos y colectivos sociales procedentes de los municipios en los que están ubicados los citados centros hospitalarios, todos ellos privados pero concertados con el Servicio Andaluz de Salud.

El destino de esta enorme comitiva era Sevilla, concretamente las puertas de la sede de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, donde se concentraron en un acto protesta contra la Junta de Andalucía y la intención de esta administración pública de aplicar un recorte a los convenios de concertación que tiene con la citada empresa de José Manuel Pascual. Ni el mal tiempo, ni las distancias a recorrer, impidieron que miles de personas finalmente se agrupara entorno a la sede de la Consejería de Igualdad para pedir que se alcance un acuerdo entre Junta y empresa que “garantice unos mínimos” y por consiguiente, que los 2.000 profesionales afectados “tengan trabajo, puedan seguir asistiendo a la población en los que están y se dé una asistencia de calidad a todos los ciudadanos”.

Bajo el lema ‘La Junta de Andalucía ni cumple los conciertos ni hace los hospitales prometidos’, unas diez mil personas, según los comités de empresa, cinco mil según informa la página web de UGT, realizaron un acto simbólico con varios ataúdes, tres concretamente, que representaban la muerte de la sanidad en Málaga, Huelva y Cádiz.

Según comentaba el presidente de los comités intercentros de los hospitales de la empresa Pascual, José María Manzano, la protesta resultó todo un éxito de convocatoria, con unas diez mil personas presentes en Sevilla que llegaron a bordo de unos 150 autobuses, “a los que hay que sumar los que se han trasladado en sus vehículos privados”. Además, según explica, la concentración ha contado con colectivos de desempleados, asociaciones de vecinos de los municipios afectados, sindicatos, organizaciones de comerciantes, ayuntamientos y familiares de trabajadores, así como con el apoyo de muchos alcaldes, concejales, senadores y políticos del Partido Andalucista y del PP-A.

“La consejera intenta engañar a los trabajadores y a la opinión pública”, ya que tratan de hacer a la empresa “responsable del conflicto al negarse a una reducción del 2,3 por ciento en el concierto”, cuando desde “2012 la Consejería nos quiere quitar más de un 33 por ciento del concierto”, afirma Manzano a Europa Press, que espera que en algún momento “diga la verdad de esos datos, qué cantidad quiere reducir del concierto y llegar a un cuerdo con el empresario que nos dé estabilidad a los trabajadores en un plazo de tiempo suficiente”.

Asimismo, el presidente del comité intercentro reiteró ayer de que los dos meses de prórroga que les ha dado la Consejería “han sido rechazados por la empresa puesto que no es legal, ya que ésta debería ser de un año, y los trabajadores, porque en dos meses no se nos da tranquilidad y respiro”.

Estos trabajadores volverán a celebrar concentraciones todos los días de la semana próximo de 10,00 a 15,00 horas ante los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla “para que la gente sepa lo que nos está pasando”, recuerda Manzano.

Por su parte, en la mañana de este jueves, como recoge EFE, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha vuelto a negar que peligren los conciertos de asistencia sanitarias con empresas privadas en Cádiz, Málaga y Huelva, pero ha advertido de que tendrán que ajustar los costes igual que ha ocurrido en la sanidad pública.

De esta forma, la consejera ha respondido a una pregunta en el Pleno del Parlamento del diputado del PP Manuel Andrés González, quien ha acusado a la Consejería de “condenar al cierre a seis hospitales concertados de Andalucía”, en concreto de Málaga, Huelva y Cádiz, y "dejar en la calle a 2.000 trabajadores".

La titular de Salud ha garantizado que no está entre en los planes de la Junta prescindir de las empresas que regentan los conciertos en esas tres provincias, pero ha explicado que están negociando prorrogar dichos conciertos con un ajuste en los costes de las plazas y de los servicios y, por tanto, “tendrán que ajustarse como se han ajustado los hospitales públicos”, ha apostillado.

Ha pedido al PP que no “engañe a los trabajadores” de esas empresas porque “no peligran esos conciertos”, y ha dejado claro que el objetivo de la Junta es mantener en primer lugar el sistema público sanitario, que suponen el 96,4 % del total, y también mantener los conciertos, que representan un 3,6 %.

El diputado del PP ha acusado a la Junta de intentar “acabar con un cuarto de siglo de servicio público sanitario” y le ha exigido que renueve esos conciertos en los mismos términos.

En el mismo Pleno la consejera también ha respondido a otra pregunta del diputado del PP Rafael Vicente Valero, quien ha denunciado que la sanidad andaluza “atraviesa la mayor decadencia de la historia”, con falta de personal sanitario, intrusismo en algunas especialidades y falta de equipamientos y medicamentos, entre otras deficiencias.

Ha llamado la atención sobre la “orden” de la Consejería de limitar “las radiografías”.

La consejera ha enmarcado la “ofensiva” del PP por dar una “imagen catastrófica de la sanidad” en una estrategia para “tapar el caos y la vergüenza con la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid”.