El que fuera teniente de alcaldesa de Personal en el Ayuntamiento de Cádiz con el Gobierno de Teófila Martínez, es decir, hace tan sólo un año, José Blas Fernández, ha denunciado que el actual Gobierno local “hace oídos sordos a las presiones laborales que hay en el Teatro Falla”, y que él concreta en los representantes del sindicato Autonomía Obrera.

A su juicio, este sindicato tiene “un monopolio tremendo en el Coliseo gaditano y en el Ciudad de Cádiz”. Como ejemplo pone lo ocurrido con un trabajador que ejercía las labores de coordinador técnico, que sufre una persecución tan grave que incluso un día llegó a encontrarse una soga colgando en el acceso del personal.

Durante su mandato, Fernández abrió expediente disciplinario a los compañeros de este trabajador porque se denunciaba una situación de abandono del puesto de trabajo.
Según el aún concejal de la Corporación, “se abrió expediente, se tomaron declaraciones y en el momento en el que tocaba dictar una resolución, resulta que con el cambio de equipo de Gobierno se decide archivar este expediente”. José Blas Fernández afirma que el actual concejal de Personal, Manuel González Bauza, es el que instó a que “se archivase todo”. Justo antes de que se resolviese dicho expediente y de que pasara por Junta de Gobierno.

A su juicio, se produce una situación “injusta tanto con el resto de trabajadores, que cumplen su jornada laboral como con el hecho de que se haya apartado a un miembro de la Corporación cuando cualquier instructor tiene que terminar su expediente. Eso es una ilegalidad absoluta”.  Para el concejal es “un abuso de poder” claro el que ha realizado el actual edil de Personal.

Sobre el Gobierno local
Para José Blas Fernández, el equipo de Gobierno actual “no quiere complicarse la vida y le da igual si un trabajador está siendo asfixiado o no, o si se dan situaciones irregulares que afectan a las arcas del Consistorio". Por el momento, Fernández ha pedido todas las certificaciones y todo el expediente para ver si puede continuar este procedimiento de alguna otra manera. 

Por ello está estudiando “pedir la nulidad del archivo del expediente en el juzgado, para así poder volver al momento procedimental en el que se dejó el expediente”. De esta manera, según el que fuera teniente de alcalde de Personal, se verá “si se actuó de mala fe o simplemente fue una dejación de funciones”.

Fernández teme que se pueda haber cometido un “delito social, por lo que acudirá a la inspección de trabajo”. El ahora edil de la oposición señala directamente al concejal de Personal a la hora de acusar hacia la paralización del expediente, una decisión que se toma desde el equipo que gobierna en estos momentos, según Fernández.