La sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde el este próximo lunes el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora en España para juzgar a Antonio Tejón, líder de unos de los clanes más activos del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y a 151 de sus colaboradores.

La Fiscalía Antidroga pide penas que suman 1.787 años de prisión y 15.188 millones de euros en multas para Antonio Tejón, "el Castaña", y los colaboradores con los que, incluso cuando estaba en prisión, logró tejer una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia de la covid.

La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, su sede en Algeciras, de cara a este juicio.

En la sala de vistas de la primera planta, que acogerá al tribunal, fiscales y abogados, además de la mayoría de acusados, ha sido ampliado el estrado de las defensas.

El resto de los imputados será ubicado en las salas de vistas de la planta baja, donde se han instalado pantallas y un sistema informático para que puedan seguir el proceso en todo momento, si bien cuando sean llamados a declarar lo harán en la primera planta.

Igualmente, el tribunal podrá ver en todo momento imágenes de las otras salas donde se encuentran los acusados a través de un circuito cerrado.

El tribunal ha previsto 32 sesiones para este nuevo juicio contra el "clan de los Castañas" y sus compinches.

En concreto, este proceso se dirige contra Antonio Tejón, que junto a su hermano Francisco, "Isco", lidera este clan, y la red con la que trabajó en el 2020, cuando aún estaba en prisión preventiva por otra causa relacionada con el narcotráfico.

En su escrito, la Fiscalía Antidroga pide para él 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando (por el uso de narcolanchas prohibidas) y pertenencia a grupo criminal.

El resto de los acusados se dividen en dos grupos: los 45 que formaban parte de los escalafones superiores de la organización y otro centenar que trabajaban para ellos y hacían tareas menos relevantes, como vigilancias o recoger fardos.

Para todos ellos, la Fiscalía pide dos multas de 50 millones de euros, aunque distintas penas de prisión dependiendo de sus tareas y su participación.

Según la Fiscalía, Antonio Tejón -desde prisión- se encargó de coordinar una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos.

En la investigación que propició la operación “Dismantle”, desarrollada en 2020 por el grupo OCON SUR de la Guardia Civil, los agentes siguieron a esta red que en unos meses, algunos de ellos durante el confinamiento, introdujo al menos 9.000 kilos de hachís por las costas andaluzas.

Según la Fiscalía, Tejón distribuía las órdenes a través de uno de sus hombres, que le visitaba en la cárcel, hasta que consiguió la libertad provisional, y ya pudo reunirse con miembros de la banda en distintos puntos hasta que fue nuevamente detenido.

En el escrito, la Fiscalía relata cómo la red contaba con narcoembarcaderos, lanchas, drones, pesqueros, tractores, camiones y un sinfín de medios para introducir sus alijos, en una época en la que la presión policial podía hacerles tener que desviar sus entradas hacia Huelva u otros puntos de las costas andaluzas e ingeniárselas para ocultar las narcolanchas.

Cuatro meses después de una absolución
Antonio Tejón vuelve al banquillo de los acusados, apenas cuatro meses después de haber sido absuelto en otra causa.

En ella, fue juzgado junto a su hermano "Isco" y otras catorce personas por su presunta vinculación con dos alijos de hachís que fueron interceptados en 2016 en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Aunque la fiscalía había pedido 20 años de prisión y cuatro millones de euros de multa para los dos hermanos, el tribunal sólo condenó a "Isco" a tres años y un mes de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de hachís, y absolvió al resto al considerar que no se podía "considerar acreditada" su vinculación directa con esos dos alijos.