El colectivo de prejubilados se siente tremendamente indignado con las declaraciones efectuadas el pasado martes por el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández. El teniente de alcalde había incidido en la ilegalidad, tanto de las propias ayudas como de las concentraciones que llevan a cabo.“Es una declaración de guerra en toda regla”, manifestó Francisco Nobalio, uno de los portavoces del colectivo.

Nobalio incidió en que el colectivo se siente particularmente ofendido ante el hecho de que “nos están echando a la opinión pública encima” reiterándose, como hiciera el edil el pasado martes, en la existencia de ingresos superiores a los 7.000 euros, sumando las ayudas a las pensiones.

Nosotros mismos hemos considerado inmoral estos complementos más altos. Pero que diga quiénes son los de los cinco, los cuatro y los tres mil euros, que lo digan”, refiriéndose a ex altos cargos.
Además, resaltó que Fernández formó parte de los equipos de Gobierno que aprobaron sucesivamente esas ayudas que se fueron incorporando a los correspondientes convenios.

Al respecto de las palabras de Fernández, quien aseguró que, si no se lo pedía el alcalde, no pagaría más del mes adelantado hace unos días hasta que no saliese la resolución del Consejo Consultivo, incidió en que se trata de “un incumplimiento del acuerdo alcanzado por unanimidad en el Pleno. Se ha descalificado él sólo y queda descalificado para cualquier tipo de negociación”, sentenció.

De igual modo, negó cualquier tipo de politización del permiso solicitado por Comisiones Obreras para que puedan manifestarse. “Ni los sindicatos ni la propia Junta de Personal” han participado en las anteriores protestas, comentó.

Por último, acerca de las declaraciones de Fernández acerca de que en los ocho años de gobierno socialista se gastaron 16 millones en estas ayudas, le animó a que recuerde “los sueldos de los altos funcionarios del Consistorio o su propio sueldo”.


Recordatorios
Por otra parte, PSOE y PP se echaron mutuamente las culpas del origen de estas ayudas a jubilados.

“El PP del señor Landaluce creó las ayudas a prejubilados del Ayuntamiento y nombró a los altos cargos que la cobran”, indicaba el portavoz socialista, Diego Sánchez Rull. Desde el PSOE indicaban que “las ayudas a prejubilados municipales que tanto critica ahora la creó el Partido Popular del señor Landaluce cuando gobernó la ciudad” junto al Partido Andalucista. “Por lo tanto, la cuenta que con tan poca vergüenza política hace el gobierno del PP -16 millones de euros entre 2003 y 2011- arranca desde el periodo corporativo  1995-1999, no desde hace ocho años”.

Además, incidió en que “habría que preguntarse si no fue el PP del señor Landaluce el que nombró a todos los altos cargos como beneficiarios del convenio laboral municipal e hicieron planes a la medida de algunos amigos a los que agradecieron sus servicios prestados con importantes sumas”.
Pese a todo, el PSOE “apoya el cumplimiento del acuerdo adoptado de forma unánime en el último pleno, que contempla el pago de dos mensualidades”.

Por su parte, Luis Ángel Fernández se lamentó por “la falta de memoria del portavoz socialista, ya que las compensaciones a prejubilados municipales fueron aprobadas en el convenio colectivo suscrito en el año 1988.  “En ese año, el alcalde era un tal Ernesto Delgado”, apuntó.

El edil invitó al PSOE a “congratularse” por “haber podido llegar a un acuerdo limitando las cantidades para cumplir con la actual legislación, tal y como nos requirió la propia Junta de Andalucía al impugnar el convenio”.

Ayuntamiento blindado

El portavoz local de Izquierda Unida, Antonio Delgado, pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que “dedique los efectivos policiales que blindan la casa consistorial a las barriadas”.

Delgado recordó que “los pensionistas que se manifiestan no son gente peligrosa y han sido durante años servidores públicos”.

El edil considera que este tipo de decisiones “tienen su origen en la actitud cada vez más alejada de la realidad del alcalde” y recordaron “cuando el señor Landaluce dijo en el último pleno que el reglamento pone lo que el diga que ponga”, una actitud “despótica”, e “impropia del máximo responsable institucional algecireño”, sostuvo Delgado.