La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aclara a Verdemar-Ecologistas en Acción que no apoya las expropiaciones en Guadarranque para favorecer la instalación de industrias pesadas, sino que defiende que aquellos cuyos inmuebles hayan sido objeto de expropiación puedan ser indemnizados lo antes posible y acabar así con los "perjuicios" que supone para los afectados el "retraso" en el desarrollo del Plan de Seguridad Industrial de la Bahía de Algeciras.
Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz consultadas por Europa Press entienden que el colectivo ecologista no ha interpretado adecuadamente su resolución, que persigue precisamente evitar los perjuicios generados a los titulares de los inmuebles afectados por la paralización de las actuaciones previstas en citado plan.
La aludida resolución, que tiene fecha del 10 de diciembre, es consecuencia de una queja traslada al Defensor del Pueblo Andaluz relativa a los retrasos en la ejecución de un plan que "genera perjuicios a los titulares de los inmuebles objeto de expropiación".
El texto recoge que el retraso del desarrollo del Plan de Seguridad Industrial de la Bahía de Algeciras está provocando "una demora indeterminada en el resarcimiento e indemnización del daño causado y perpetúa una situación de inseguridad y molestias a los residentes en la zona, así como el retraso en el pago de las expropiaciones".
Por ello, recomienda a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) que, "con carácter urgente", realicen cuantos esfuerzos sean necesarios para alcanzar un acuerdo de colaboración para el pleno desarrollo de las previsiones del citado plan.
ANTECEDENTES
La resolución es consecuencia de una queja presentada en noviembre de 2012 en la que la reclamante exponía que desde la aprobación y entrada en vigor del Plan de Seguridad Industrial de la Bahía de Algeciras el 17 de septiembre de 1993, transcurridos unos 21 años, las fincas de su propiedad en las que vive y ejerce actividad de hostelería están clasificadas como suelo urbano consolidado, sometidas al citado plan, que comporta la "congelación" de toda actividad y su expropiación con el traslado de los residentes en el núcleo de Guadarranque.
Pese al tiempo transcurrido, en el que venía "soportando el impacto ambiental de estas industrias, pagando los impuestos, sufriendo la contaminación y los ruidos, no pudiendo hacer ningún tipo de actividad y pese a que había solicitado la expropiación en repetidas veces al Ayuntamiento de San Roque", manifestaba que no había recibido contestación alguna.
Tras admitir la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz realizó diferentes gestiones que le permitieron conocer que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de San Roque, con el objeto de resolver el conflicto que deriva de la vecindad entre los núcleos de población e industrias peligrosas, estableció el sistema de expropiaciones a desarrollar en el marco del Plan de Seguridad Industrial, correspondiendo a la Junta asumir el coste de la expropiación de los vecinos.
A instancias de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento y la Junta han abordado el asunto, determinando que el desarrollo de las actuaciones requeriría de un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones.
Entiende que la queja resulta "totalmente justificada" y que la necesidad de desarrollar ese Plan Especial de Seguridad "continúa hoy siendo tan urgente, o más, que ayer".
Por ello, urge a ambas partes a alcanzar dicho acuerdo, recomendando que las condiciones del mencionado planeamiento "sean revisadas, igualmente de forma urgente, antes de proceder a su ejecución", atendiendo a que están basadas en las condiciones de seguridad que las actividades industriales poseían hace 30 años y que han variado como consecuencia de la aplicación de la actual legislación de protección ambiental.
Considera el Defensor del Pueblo Andaluz que en ese escenario "será posible alcanzar los fines de interés público que justificaron la aprobación de dicho planeamiento y, en lo que concierne a los intereses de los vecinos afectados, que se efectúen las expropiaciones y traslados de población previstos y acaben los perjuicios de que la actual paralización de estas actuaciones viene suponiendo para los residentes en la zona".
