La Comisión Europea ha confirmado a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, que necesita más información del Gobierno español y de las organizaciones que han interpuesto una queja contra los proyectos de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana antes de emitir un dictamen sobre el expediente.
"Ya han hecho una primera contestación al Gobierno de España, pero siguen requiriendo más documentación de ese proyecto, tanto al Gobierno de España como a las organizaciones que han puesto la queja", ha explicado la consejera en declaraciones a la prensa en Bruselas tras abordar este asunto, entre otros, con el director general de Medio Ambiente de la Comisión, Karl Falkenberg.
Serrano ha explicado que desde el Ejecutivo comunitario les han trasladado que se tratan de "expedientes" que "son lentos de resolver, puesto que tienen que recabar información de todas las partes" y necesitan más información", pero ha confirmado que les "darán la información pertinente" cuando concluyan el caso. "Y sabremos lo que opina", ha constatado.
"En cualquier caso, la Junta de Andalucía tiene suspendida la resolución de la autorización ambiental unificada hasta tanto no garanticemos las consecuencias del valor acumulativo de los proyectos de Gas Natural en Doñana y las consecuencias sismológicas", ha recordado.
La consejera ha asegurado que en la comisión se han quedado "bastante tranquilos de saber el posicionamiento" de la Junta sobre los proyectos que afectan a Doñana que son "preocupantes" para la Unión Europea también como el dragado del Guadalquivir, la corona forestal y los proyectos que Gas Natural porque "deben primar los valores medioambientales" del parque "como baluarte de conservación y referencia para el mundo entero" de biodiversidad. "por encima de todos esos proyectos y por encima de los intereses económicos".
"No se debe frenar el desarrollo económico, pero hay determinadas líneas rojas que no se deben de pasar en temas medioambientales. Y el Parque Nacional de Doñana es uno de ellos", ha recalcado Serrano.
VERTIDOS EN AGUAS RESIDUALES
Respecto a la directiva comunitaria que exigirá el fin de los vertidos en aguas residuales en 2015, la Comisión Europea ha avisado de que "las directivas hay que cumplirlas y que los límites se ponen para algo" pero han visto "con buenos ojos" la programación prevista en Andalucía y el tributo regional para contribuir a construir las infraestructuras necesarias para contribuir a su cumplimiento, según ha explicado Serrano, que ha insistido en que también estudian fórmulas de colaboración público-privada para "poner cuantas más obras públicas mejor para llegar con el mayor grado de cumplimiento en el 2015 con la directiva" y priorizando "todos aquellos proyectos que generen empleo".
"Y vamos a seguir recabando de los fondos europeos del nuevo marco para poder continuar con esa programación", ha asegurado, sin concretar cifras de eventuales nuevas ayudas comunitarias para este objetivo.
Serrano se ha comprometido a remitir a Bruselas el calendario y programación de los próximos pasos en este ámbito "en unos meses" y ha confiado en que ello les permita "ver la voluntad del Gobierno andaluz de cumplir con esa normativa" a pesar de "las circunstancias económicas y la situación de crisis que tenemos" y ha dejado claro que el problema de los residuos no afecta solo a España ni Andalucía sino a "muchos" Estados miembros que se encuentra en "las mismas dificultades" para cumplir la normativa.
BUENA VALORACIÓN DE LA LEY DEL CLIMA ANDALUZA
El Ejecutivo comunitario en cambio sí ha acogido "con gran satisfacción" y "muy buenos ojos" la futura Ley del Cambio Climático andaluza en el actual contexto de crisis, cuyos objetivos ha detallado Serrano en otro encuentro que mantuvo este miércoles con el director de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático y Tecnologías Bajas en Carbono de la Dirección General de Acción por el Clima de la CE, Humberto Delgado.
Serrano ha recordado que la futura ley persigue reducir las emisiones de CO2 difusas, intentar incrementar los sumideros naturales de CO2 y promover políticas de adaptación para minimizar las consecuencias del cambio climático, algo especialmente importante en una región como Andalucía, que cuenta con casi el 30% del territorio dentro de la Red Natura y 247 espacio naturales protegidos que demuestran su biodiversidad "importantísima".
