La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, integrada por ediles del PP y Cs, ha desestimado la reclamación económica planteada al Consistorio por el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, por cerca de 15 millones de euros más los intereses, que sitúa el total en unos 20 millones, a cuenta del coste de los terrenos expropiados para la ampliación del Aeropuerto de
Córdoba.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), junto a la teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Económico del Consistorio cordobés, Isabel Albás (Cs), explicando que han desestimado la reclamación económico administrativa previa presentada por AENA, que ahora podrá acudir o no a los tribunales, al entender que la misma "no se ajusta a Derecho".
En concreto, según ha concretado Torrico, la reclamación se apoya "en un convenio viciado firmado en 2007, siendo alcaldesa Rosa Aguilar", entonces de IU, que se suscribió "contra el criterio del PP", entonces en la oposición, postura ésta contraria a dicho acuerdo que mantuvo el PP después, entre 2011 y 2015, desde el gobierno municipal, en cuanto que el Ayuntamiento asumiera el coste de la expropiación de los terrenos precisos para ampliar el Aeropuerto.
En cuanto a los argumentos jurídicos esgrimidos ahora por el gobierno local para mantener esa postura, Torrico ha señalado que "el convenio marco de 2007 tenía que haber sido objeto de desarrollo en convenios específicos", en cuanto a "las obligaciones del Ayuntamiento respecto a las expropiaciones, pero no se hizo así".
A ello se suma, según ha indicado Torrico, que en las cláusulas del convenio marco se detalló que la ampliación del Aeropuerto "se hacía para su proyección mediante vuelos nacionales e internacionales que, evidentemente, tampoco ha sido así" y, por último, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento cuestionan "que el justiprecio fijado por AENA se correspondiera a lo que de verdad tendría que haberse fijado en la expropiación forzosa" de los terrenos.
Entiende el nuevo gobierno municipal de PP y Cs que éste ha sido "un proyecto fallido desde su inicio" y que, además, "no puede hipotecar en una cuantía tan importante la situación financiera del Ayuntamiento de Córdoba", razón por la que se ha desestimado la reclamación de AENA.
Al margen de ello y respecto a la prevista apertura para la temporada estival de baños de las piscinas municipales que aún permanecen cerradas, Isabel Albás ha señalado que se está "trabajando" en ello, pues se precisan "determinadas actuaciones" en las piscinas para que así puedan ser "abiertas en breve".
NOMBRAMIENTOS
Por otro lado, la junta de gobierno local ha tomado conocimiento de sendos decretos del alcalde, José María Bellido (PP), para delegar en Torrico las facultades de convocar y presidir todas las sesiones de la
Junta de Portavoces, y para el nombramiento de representantes de la Alcaldía en las barriadas periféricas, cuatro de ellos a propuesta del PP y dos a propuesta de Cs.
En concreto, los nuevos representantes del alcalde son, por el PP, Rafael García en Villarrubia, Maria Teresa Polo en El Higuerón, Antonio Sotelo en Cerro Muriano, y Antonia Yuste en Alcolea, mientras que, a propuesta de Cs, lo son Guadalupe Morcillo en Santa Cruz, y Maria José Fernández en Trassierra.
Junto a ello e incluido en el apartado de urgencias de la junta de gobierno local de este lunes, se ha aprobado el nombramiento de cinco nuevos directores generales, en el marco de "esa apuesta del equipo de gobierno por una dotación suficiente de personal técnico y de apoyo político para las labores de gestión" del gobierno local.
En concreto se ha aprobado el nombramientos de Ramón Díaz, como coordinador general del Ayuntamiento; de la ex edil del PP Blanca Córdoba, como coordinadora de Participación Ciudadana; de Vicente Martín como coordinador general de Inclusión, Solidaridad y Juventud; de Alfonso López, como coordinador general de Hacienda, y de Víctor Castellano, como coordinador general de Recursos Humanos, y la mayoría de estas personas, según ha resaltado el edil de Presidencia, tienen una "amplia experiencia de la labor municipal" o en el sector privado.
