El Grupo Socialista ha elevado al Pleno de marzo la incertidumbre y preocupación que vive actualmente el sector del taxi, debido a la proliferación de los llamados VTC, vehículos de transporte con conductor.

 

Con un claro reconocimiento y apoyo al sector local del taxi, David de la Encina, alcalde y candidato socialista, ha dado respuesta a las demandas de la Agrupación Local Puerto Taxi, solicitando un pronunciamiento claro del Pleno de la Corporación.

En este sentido, como indica De la Encina “nuestro objetivo es dar respaldo a este importante colectivo de trabajadores, que realizan una gran labor en nuestro municipio y con quienes venimos manteniendo una importante y fluida relación”.

Asimismo, ha puesto en valor la labor de la Agrupación Local Puerto Taxi, con su presidente Pedro Jesús Ramírez, a la cabeza; su vicepresidente, Francisco Oviedo; o su secretario, José Miguel Martínez-Murga; además de otros representantes del colectivo.

Fruto de la relación directa y continua que se mantiene con sus representantes, la Agrupación Local Puerto Taxi ha trasladado al alcalde su incertidumbre y preocupación por la proliferación de los VTC, que no cuentan con una regulación concreta. Como destaca De la Encina “la problemática viene fundamentada, entre otras causas, en la inexistencia de una norma jurídica que regule los servicios prestados por los vehículos con autorizaciones VTC y que, asimismo, garantice el equilibrio adecuado entre la oferta de servicios de esta modalidad de transporte y la que representan los taxis”.

La moción presentada por el PSOE, y que espera contar con el respaldo de toda la corporación, tiene por objetivo buscar una solución a la falta de regulación existente. En concreto se insta a la Junta de Andalucía a incorporar en su regulación que los vehículos con autorizaciones VTC, sólo puedan circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado y que no se permita propiciar la captación de clientes circulando por la vía pública, permaneciendo estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos o garajes; que deberá transcurrir un plazo de 60 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio; y, por último, que no se permita la utilización de la geolocalización que permite a los clientes ubicar con carácter previo a la contratación, los VTC disponibles.

Como ha destacado David de la Encina “se trata de defender los trabajadores autónomos del taxi; defender el trabajo digno de los taxistas y, por tanto, defender un servicio público de calidad para la ciudadanía”.